El Gobierno ha anunciado un controvertido plan que busca implementar una serie de controles sobre los medios de comunicación en los próximos tres años, aunque aún no cuenta con el respaldo necesario en el Congreso. La medida, impulsada por el Ejecutivo liderado por PSOE y Sumar, propone introducir hasta 31 medidas bajo la denominación de «regeneración democrática», las cuales otorgarán al Gobierno un mayor control sobre los contenidos informativos, lo que ha generado preocupación por su impacto en la libertad de prensa.
Uno de los puntos clave de esta propuesta es que el Ejecutivo tendrá la capacidad de definir qué es un medio de comunicación y quiénes son considerados «verdaderos profesionales» del sector. Esta medida también contempla la creación de un registro de financiación de los medios, gestionado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), un organismo cuyos miembros son nombrados por el Parlamento y que, según algunos críticos, carece de la independencia necesaria.
Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, explicó que el objetivo de estas reformas es combatir lo que el Gobierno considera «bulos» que perjudican la calidad de la democracia. Entre las reformas más importantes se incluyen cambios en las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y a la rectificación, argumentando que las normativas actuales están desfasadas en un contexto mediático completamente diferente al de los años 80. También subrayó que es necesario que los tribunales puedan responder de manera más rápida y eficiente ante la proliferación de lo que consideren información falsa.
Otra de las reformas propuestas es la modificación del Código Penal para limitar los delitos de injurias contra las instituciones del Estado, así como aquellos relacionados con ofensas a sentimientos religiosos. Con estas medidas, el Gobierno busca un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de las instituciones y el honor de las personas.
El plan también prevé que los medios de comunicación hagan público de forma anual el volumen de publicidad institucional que reciben, exigiendo que esta información sea accesible y clara para todos los ciudadanos. Además, se reformará la ley de publicidad institucional con el fin de asegurar que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes y reflejen datos precisos, con el objetivo de garantizar un reparto más justo de la inversión publicitaria.
