La Diputación de Álava, gobernada por el PNV, ha reconocido que su cribado reflejó que un tercio de los menas tenía más de 18 años tras someterse a pruebas de determinación de edad. La institución foral admite además que únicamente realiza este tipo de comprobaciones al 11% de los menores extranjeros no acompañados (menas) acogidos en el sistema de protección provincial.
Los datos han salido a la luz a raíz de una petición de información presentada por VOX en las Juntas Generales de Álava adelantada por OkDiario. El procurador Jonathan Romero solicitó detalles sobre el funcionamiento del programa Bideberria, el recurso destinado a la acogida y tutela de menores extranjeros no acompañados en el territorio alavés.
Según la respuesta facilitada por la Diputación, durante 2025 fueron atendidos 215 jóvenes dentro de este programa. Sin embargo, únicamente 24 fueron sometidos a pruebas médicas o administrativas para verificar su edad real. De esos expedientes analizados, ocho correspondían finalmente a personas mayores de edad.
Tras confirmarse que superaban los 18 años, la administración les comunicó el correspondiente «decreto de mayoría de edad», obligándoles a abandonar de manera inmediata los recursos reservados a menores tutelados. La Diputación asegura que, paralelamente, se les ofreció orientación y se les informó sobre ayudas y servicios comunitarios a los que podían acceder como adultos.
La institución foral también ha aclarado que la detección de mayores de edad dentro del sistema no implica automáticamente la apertura de procesos de repatriación. Según argumenta, la legislación actual no contempla esa medida únicamente por haber perdido la condición de menor.
VOX considera que estos datos ponen de manifiesto «un importante agujero» en el sistema de protección y denuncia un posible uso irregular de recursos públicos. La formación de Santiago Abascal sostiene que conocer el alcance real de estas situaciones resulta imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sociales y evitar fraudes.
Además, la Diputación reconoce que a lo largo de 2025 un total de 43 jóvenes tutelados alcanzaron la mayoría de edad. De ellos, únicamente 25 lograron acceder a un contrato laboral. Según critica VOX, la mayoría de esos empleos eran temporales y precarios, lo que, a su juicio, demuestra la ausencia de una integración efectiva.
La formación también alerta de la saturación que atraviesa el sistema de acogida alavés. Según sus datos, algunos periodos del año registraron hasta 108 menores tutelados pese a que la red disponible cuenta con una capacidad aproximada de 80 plazas, especialmente entre agosto y diciembre.
Desde VOX subrayan asimismo el elevado coste económico que supone este modelo de atención. Según afirman, cada menor acogido representa un gasto superior a los 5.600 euros mensuales para las arcas públicas, mientras critican la falta de controles efectivos sobre las personas que acceden a estos programas de protección.
