El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado esta semana la reforma de la ley de infancia impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por la ministra Sira Rego, que rebaja los requisitos para suspender la custodia compartida y endurece las limitaciones contra los padres denunciados por violencia de género, incluso sin sentencia firme. La modificación normativa deberá ahora pasar por el Congreso de los Diputados.
La reforma establece que no podrá acordarse la custodia compartida cuando existan «indicios fundados» de que esa situación puede perjudicar la salud física, psíquica o emocional del menor. También bastará con una denuncia acompañada de indicios, una orden de protección o informes de servicios sociales para suspender automáticamente tanto la custodia como el régimen de visitas, detalla The Objective.
Hasta ahora, el Código Civil exigía un umbral probatorio más elevado para restringir este tipo de medidas. La nueva redacción reduce ese requisito y refuerza la capacidad de intervención judicial sin necesidad de condena firme.
La Asociación de familiares de niños víctimas de sustracción internacional y desvinculación parental (Nisde) advierte de que la reforma «significará que cada vez existan mayores trabas a la custodia compartida por el uso instrumental de la violencia de género, y cuando haya una sustracción internacional bloqueará cualquier posibilidad de reacción rápida».
Otro de los cambios más polémicos afecta al denominado síndrome de alienación parental (SAP). La reforma prohíbe expresamente que jueces, fiscales o peritos utilicen referencias a este concepto en informes psicológicos o resoluciones judiciales al considerar que se trata de un «seudoconcepto científico» sin aval académico.
En la práctica, esta modificación impediría valorar testimonios como el del hijo menor de Juana Rivas, que aseguró ante una trabajadora social que su madre lo manipulaba contra su padre.
Las asociaciones críticas con la reforma consideran que esta prohibición dificulta acreditar posibles procesos de manipulación emocional de menores contra uno de los progenitores. Juanma Melgar, portavoz de la Fundación Para la Defensa de los Hombres Maltratados, sostiene que la nueva ley parte de un sesgo ideológico. «Si el niño lo que dice es que su madre le manipula o que le pide que mienta, el informe que lo recoja tendrá que ser automáticamente descartado. Han fijado por ley que un niño no puede ser manipulado por su madre«, denuncia a The Objective.
Los críticos con la reforma alertan también de un posible aumento de las sustracciones parentales. Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, desde 2010 se han registrado 5.598 desapariciones de menores por sustracción parental en España. El umbral de los 400 casos anuales se superó por primera vez en 2021, coincidiendo con la entrada en vigor de la conocida como ley Rhodes, impulsada durante la etapa de Pablo Iglesias en el Ejecutivo. El récord se alcanzó en 2023, con 477 menores sustraídos.
Las cifras reflejan además un equilibrio creciente en los modelos de custodia. Actualmente, el 49,7% de las custodias se conceden de forma compartida, frente al 46,6% que recaen exclusivamente en la madre, el 3,4% en el padre y el 0,3% en otras instituciones o familiares.
Nisde advierte asimismo de que la reforma podría entrar en conflicto con la jurisprudencia europea. La asociación recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones a Estados europeos por permitir, mediante retrasos o falta de actuación judicial, la destrucción progresiva del vínculo entre menores y uno de sus progenitores.
