La Policía Nacional investiga los frecuentes desplazamientos a Pekín de Julio Martínez Martínez, empresario alicantino vinculado a negocios con la constructora Aldesa, controlada por capital estatal chino y citada en las notas de Koldo García sobre adjudicaciones públicas.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional siguen el rastro de los viajes realizados en los últimos años por Julio Martínez Martínez, empresario de Elda señalado por los investigadores como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según fuentes de la investigación citadas por The Objective, los agentes consideran especialmente relevantes sus frecuentes desplazamientos a China, un país donde el entorno del empresario asegura que mantenía «negocios».
La Policía entiende, sin embargo, que esos viajes refuerzan los vínculos entre Martínez y el expresidente socialista. Entre las operaciones bajo sospecha figura la relación de la consultora Análisis Relevante, propiedad de Martínez —conocido como «Julito»—, con la constructora Aldesa, adquirida en 2020 por capital estatal chino a través de China Railway Construction.
La consultora pagó más de 600.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, según la información publicada, y además habría recibido 127.000 euros de Aldesa entre 2021 y 2023 en el marco de contratos relacionados con adjudicaciones públicas. El nombre de esta constructora aparece también en las anotaciones intervenidas al exasesor ministerial Koldo García dentro del denominado caso Ábalos.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran relevantes varias notas almacenadas por Koldo García en su teléfono móvil tras una conversación mantenida el 25 de mayo de 2022 con Javier Herrero, entonces director general de Carreteras e imputado actualmente en la Audiencia Nacional. En una de esas anotaciones figura la frase: «Vamos a ver javier como podemos ayudar a pepe«, en aparente referencia al constructor Pepe Ruz.
En esas mismas notas aparecen menciones a obras identificadas como «Cádiz 90» o «Santander 135», junto a una referencia directa a «Aldesa Azvi o Copasa», lo que, según las pesquisas, podría apuntar a posibles uniones temporales de empresas (UTE) para acceder a determinadas adjudicaciones públicas.
Aunque el contrato finalmente no salió adelante, la UDEF considera llamativo que la sociedad vinculada al empresario investigado recibiese igualmente 127.000 euros de Aldesa. Los agentes también ponen el foco en que, pese a tratarse de una empresa controlada por capital estatal chino, la sede de Aldesa se encuentra en Madrid. Por ello, la investigación trata ahora de identificar posibles reuniones de Julio Martínez con otras compañías chinas durante sus estancias en Pekín.
Las pesquisas sobre el empresario se enmarcan en la investigación abierta por el rescate público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, que recibió 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. La UDEF sospecha que parte de esos fondos podrían haberse utilizado para devolver préstamos a sociedades radicadas en Suiza, Francia y Panamá, presuntamente vinculadas a una estructura internacional de blanqueo de capitales relacionada con operaciones de oro venezolano y pagos a PDVSA.
La Policía sitúa además a Julio Martínez como una figura próxima al entorno internacional de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2012, poco después de la salida del socialista de La Moncloa. Según las mismas fuentes, ambos realizaron viajes frecuentes a Venezuela, donde el empresario habría cerrado distintos negocios aprovechando la interlocución privilegiada del expresidente con el régimen chavista.
El pasado 11 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional registraron la sede de Plus Ultra Líneas Aéreas en Madrid y practicaron varias detenciones, entre ellas la de Julio Martínez Martínez, el presidente de la compañía Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli. Todos quedaron posteriormente en libertad provisional, aunque el juez acordó medidas cautelares como la retirada del pasaporte.
