El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por el ministro Félix Bolaños, ha puesto en marcha un nuevo contrato para la recogida de residuos y la destrucción de documentación confidencial en sus sedes centrales con un coste que aumenta un 67% respecto a ejercicios anteriores. El expediente, adelantado por The Objective, tiene un valor estimado de 347.243 euros sin IVA y puede alcanzar los 375.000 euros con impuestos y prórrogas incluidas.
La licitación contempla una duración inicial de 12 meses, aunque podrá ampliarse hasta tres años más. Esto sitúa el coste anual del servicio en torno a los 93.000 euros, muy por encima de los contratos previos del ministerio, que se movían entre los 50.000 y los 60.000 euros anuales.
La tramitación parte de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y se articula a través de la Dirección General de Servicios y la Oficialía Mayor, responsables de la gestión interna de edificios, recursos materiales y servicios generales.
El servicio afectará a 13 sedes ubicadas en la Comunidad de Madrid, entre ellas varios inmuebles de la calle San Bernardo y dependencias situadas en Marqués de Duero, Bolsa, Jacinto Benavente, Ocaña, Ayala, Luis Cabrera, Alberto Bosch y la Avenida de Burgos, además de instalaciones en Torrelaguna. La mayoría de estos edificios están vinculados históricamente al área de Justicia y concentran buena parte de la actividad ordinaria del departamento.
El contrato no se limita a la destrucción de documentos confidenciales. También incluye la recogida selectiva, transporte, almacenamiento, clasificación y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos generados en estas sedes administrativas. Entre las prestaciones previstas figuran retiradas periódicas de documentación sensible, al menos una cada dos semanas, su traslado a plantas autorizadas y la expedición de certificados que acrediten tanto la destrucción como el reciclaje del material.
La memoria justificativa del expediente sostiene que el ministerio debe cumplir la normativa estatal y autonómica en materia de residuos y garantizar el tratamiento adecuado de los materiales generados en sus dependencias. Sin embargo, la Oficialía Mayor reconoce expresamente que carece de personal y de medios materiales suficientes para asumir estas funciones de manera directa.
Esa declaración de insuficiencia constituye el fundamento jurídico de la externalización y evidencia la dependencia estructural del ministerio respecto a proveedores privados en un ámbito especialmente sensible por el volumen de documentación confidencial que manejan estas sedes.
Hasta ahora, la destrucción de documentación y la gestión de residuos se contrataban mediante expedientes de menor tamaño y con prestaciones más limitadas. Los contratos anteriores no integraban todas las categorías de residuos ni cubrían un número tan elevado de edificios administrativos. El nuevo modelo unifica y amplía todas estas funciones bajo un único expediente.
El contrato se tramita mediante procedimiento abierto, aunque este tipo de licitaciones suele registrar una competencia reducida debido a los requisitos técnicos y normativos exigidos. La necesidad de cobertura en múltiples sedes y el tratamiento de información sensible limitan habitualmente la concurrencia a un pequeño grupo de empresas especializadas.
El adjudicatario deberá mantener un registro detallado de todos los residuos gestionados, incluyendo origen, naturaleza, destino y método de tratamiento, y conservar esa documentación durante al menos cinco años a disposición de las autoridades competentes. En el caso de los documentos confidenciales, el pliego exige contenedores cerrados y precintados desde el momento de la retirada, así como trazabilidad completa hasta su destrucción final, conforme a la normativa de protección de datos y seguridad de la información.
La licitación llega además en un contexto de creciente escrutinio sobre la contratación pública y la gestión documental en distintas administraciones tras las investigaciones judiciales y policiales relacionadas con adjudicaciones y sobrecostes en otros organismos públicos. Aunque este expediente no guarda relación directa con esas causas, la coincidencia temporal vuelve a situar el foco sobre los mecanismos de control y transparencia en contratos vinculados a documentación sensible y servicios estratégicos.
El nuevo contrato refleja además un cambio de escala y de enfoque en la gestión interna del ministerio de Bolaños. La ampliación presupuestaria, la integración de servicios y la previsión de extender el contrato hasta cuatro años consolidan un modelo basado en la externalización permanente de funciones que el propio departamento admite no poder asumir con medios propios.
