El Gobierno de Sánchez ha colocado a dedo, sólo en los tres primeros meses del año, a 488 funcionarios en puestos relevantes de la Administración Pública, utilizando el mecanismo de libre designación, una vía que debería usarse de forma excepcional, pero que en la práctica se ha convertido en habitual. Actualmente, la Administración General del Estado (AGE) suma ya 11.047 funcionarios nombrados mediante este procedimiento discrecional, según la última relación de puestos de trabajo adelantada por The Objective.
Este crecimiento no se limita únicamente a los funcionarios internos. También se ha producido un aumento significativo de asesores y personal de confianza ajenos a la estructura funcionarial. A cierre de marzo, el Ejecutivo y la Casa Real sumaban 1.280 trabajadores designados sin oposición, 63 más que seis meses atrás. De ese total, 1.263 dependen directamente del Gobierno central, lo que marca un récord histórico en este tipo de contrataciones.
Una parte importante de esos asesores no son nuevos en sus cargos. De hecho, en torno a 150 ya trabajaron con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y han continuado bajo la actual legislatura. La mayor parte de ellos están concentrados en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que acumula 608 asesores. El segundo departamento con mayor número es Política Territorial, con 165 personas en estos puestos.
El uso intensivo de estas fórmulas de provisión de plazas, tanto eventuales como por libre designación, genera malestar entre muchos empleados públicos veteranos. La crítica principal es que se relega a funcionarios con experiencia y trayectoria consolidada en favor de perfiles escogidos por afinidad política o confianza personal, lo que resta objetividad al sistema. Aunque el concurso de méritos sigue siendo el método más extendido —con 142.512 funcionarios accediendo a través de esta fórmula—, su aplicación queda ensombrecida por la proliferación de decisiones discrecionales.
Los puestos cubiertos mediante concurso de méritos, al contrario que los de libre designación, se adjudican tras un análisis realizado por órganos colegiados e independientes que evalúan la formación y la experiencia profesional del candidato. Este procedimiento, considerado el más justo y transparente, no requiere superar exámenes eliminatorios, pero sí garantiza cierta igualdad de oportunidades entre los aspirantes.
Uno de los puntos más llamativos del informe es la concentración de altos cargos colocados por libre designación en organismos clave. Solo la Agencia Tributaria agrupa a 2.214 funcionarios elegidos por esta vía, lo que representa casi una cuarta parte del total. Además, los ministerios de Exteriores, Hacienda e Interior acumulan 2.944 funcionarios nombrados sin concurso, muchos de ellos en niveles altos (28, 29 y 30), con rangos como subdirectores y directores generales. De estos, 1.239 pertenecen al departamento de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares.
Por su parte, los organismos públicos y entidades estatales tampoco escapan a esta tendencia. Entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y Patrimonio Nacional, se contabilizan 307 funcionarios colocados por libre designación. Destaca especialmente Patrimonio Nacional, que concentra 123 de estos cargos. Mientras tanto, Defensa apenas tiene 20 y el Ministerio de Infancia y Juventud, 40.
