La expansión del conflicto en Oriente Próximo ha obligado a las capitales europeas a tomar posición ante una guerra que ya no se circunscribe a la región y que ha alcanzado intereses comunitarios, como demuestra el ataque a una base británica en Chipre.
En este escenario, el Gobierno de Sánchez ha optado por un difícil equilibrio entre la condena a los ataques en suelo europeo, su discurso crítico hacia el presidente de Estados Unidos, y alineamiento con Irán.
La tensión con la administración estadounidense se ha hecho visible con la salida de al menos once aeronaves desde la base de Morón con destino a Alemania.
La ministro de Defensa, Margarita Robles, insistió en que los aviones cisterna desplegados en Morón y Rota «ni han realizado, ni van a realizar, ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo», en alusión directa al acuerdo con Estados Unidos. La ministro añadió que, probablemente por ese motivo, Washington habría decidido trasladar sus aparatos «de manera soberana» a otras bases.
El traslado no ha pasado desapercibido en los sectores conservadores estadounidenses. Tom J. Fitton, presidente de Judicial Watch, acusó en su cuenta de X al Gobierno español de mantener una «conducta traicionera» que, a su juicio, pondría en riesgo a militares estadounidenses. El columnista Marc Thiessen fue más allá al reclamar abiertamente la expulsión de España de la OTAN.
En la misma línea, el senador por Carolina del Sur, Lindsay Graham, afirmó que el Ejecutivo español se ha convertido en ejemplo de un liderazgo europeo «patéticamente débil» y reacio a condenar al régimen iraní, centrando sus críticas en Estados Unidos.
Mientras tanto, en el ámbito europeo, Francia y Alemania han impulsado un grupo de diálogo de alto nivel orientado a reforzar la defensa nuclear. Nueve países se han sumado ya a la iniciativa. España no figura entre ellos y se ha autoexcluido de cualquier desarrollo vinculado a la disuasión nuclear.
