EL PARLAMENTO DE UGANDA INVESTIGA IRREGULARIDADES MILLONARIAS
El Gobierno de Sánchez concedió 26 millones a Uganda para un proyecto ferroviario de empresas de un exministro socialista
El Gobierno de Sánchez concedió 26 millones a Uganda para un proyecto ferroviario de empresas de un exministro socialista
El ex presidente de Renfe y ex ministro socialista, Julián García Valverde, en Uganda junto al presidente del país Yoweri Museveni. GOBIERNO DE UGANDA
Por LGI
12 de noviembre de 2026

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2021 dos créditos por valor de casi 26 millones de euros para financiar un proyecto ferroviario en Uganda adjudicado a empresas vinculadas al exministro socialista Julián García Valverde, antiguo presidente de Renfe durante los gobiernos de Felipe González. Cinco años después, la operación se encuentra bajo el escrutinio del Parlamento ugandés por presuntas irregularidades millonarias y deficiencias en las obras.

Según una investigación publicada por El Mundo, el Consejo de Ministros autorizó el 23 de febrero de 2021 dos préstamos por un importe conjunto de 25.984.100 euros, procedentes del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). De esta cantidad, 16,86 millones estaban destinados a las obras y otros 9,12 millones a trabajos de consultoría y asistencia técnica.

La ejecución del proyecto recayó en Imathia, empresa presidida por García Valverde, mientras que Consultrans, también vinculada al antiguo dirigente socialista, participó en las tareas técnicas. La adjudicación de las obras se había producido en junio de 2020, antes de que el Ejecutivo español aprobara la financiación.

Una auditoría detectó pagos cuestionados y graves defectos

La rehabilitación ferroviaria afectaba a un tramo de casi 27 kilómetros entre Kampala y Mukono, una infraestructura estratégica para las conexiones comerciales de Uganda. Sin embargo, una inspección realizada en agosto de 2024 por el Auditor General del país africano identificó traviesas de hormigón agrietadas, raíles sin apoyo, pernos ausentes, filtraciones de agua y tramos inundados.

El organismo cuestionó pagos por unos 2,4 millones de euros correspondientes a elementos que no cumplían las especificaciones contratadas. Además, detectó discrepancias por otros 1,2 millones entre las cantidades de obra abonadas y las verificadas. La auditoría recomendó recuperar esas cantidades del contratista, aunque las inspecciones tuvieron lugar antes de la finalización definitiva de los trabajos, que recibieron su certificado de terminación en agosto de 2024.

Hasta 866.000 euros presupuestados por cada puesto de experto

Las sospechas se ampliaron tras una investigación parlamentaria sobre la gestión de la empresa ferroviaria estatal de Uganda. Según las conclusiones aprobadas en septiembre de 2026, 4,33 millones de euros de los 4,82 millones presupuestados para asistencia técnica estaban asignados a cinco puestos de expertos, una media de 866.000 euros por puesto durante el periodo contractual.

Los diputados también denunciaron que algunos trabajadores ugandeses figuraban en los contratos como expertos extranjeros, pese a continuar percibiendo sus salarios locales. La investigación cuestionó igualmente partidas para viajes desde España que presuntamente no se realizaron y actividades formativas cuya ejecución no había sido acreditada completamente.

La compañía ferroviaria ugandesa sostiene que las cifras corresponden a contratos de asistencia técnica de varios años, incluidos salarios, desplazamientos y otros gastos, y no exclusivamente a las remuneraciones individuales. García Valverde, que presidió Renfe entre 1985 y 1991, dimitió como ministro de Sanidad en 1992 en medio de una controversia por operaciones inmobiliarias. También fue investigado en el denominado caso AVE, del que terminó absuelto.

Las irregularidades denunciadas en Uganda continúan pendientes de esclarecerse, mientras las autoridades del país africano examinan el destino de los fondos y los trabajos ejecutados. Los créditos concedidos por España son financiación reembolsable, no subvenciones a fondo perdido, y las investigaciones no acreditan por sí mismas responsabilidad penal de García Valverde.

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