Un documento interno de la Policía Nacional al que ha tenido acceso ahora LA GACETA, fechado en mayo del año pasado, expuso una crisis que se extiende por todo el territorio nacional: Marruecos, al que el Gobierno de Pedro Sánchez considera un «socio estratégico», impone un boicot efectivo a la repatriación de sus nacionales ilegales, no sólo en Ceuta y Melilla, sino desde cualquier punto de España. Según la circular, las repatriaciones requieren traslados desde la península a las ciudades autónomas como puntos de devolución, pero la ausencia de autorización marroquí paralizó estos procesos desde hace casi año y medio, alegando dificultades logísticas y falta de colaboración. Más de un año después, esta obstrucción deliberada persiste —según las fuentes consultadas—, permitiendo que miles de ilegales marroquíes permanezcan indefinidamente en suelo español, violando acuerdos bilaterales y socavando las leyes de extranjería.
El texto policial reconoce que el proceso implica concentrar a estos individuos en Ceuta y Melilla para devoluciones terrestres o marítimas. Sin embargo, con Rabat bloqueando las operaciones, algunos inmigrantes ilegales trasladados desde regiones como Andalucía, Cataluña o Madrid quedan atrapados en un limbo administrativo. En casos de delitos graves, se exige una burocracia excepcional: coordinación con el Grupo III de la Unidad Central de Repatriaciones (UCER), incluyendo copias de sentencias y documentación de viaje. La realidad es que muchos de estos inmigrantes carecen de documentos, convirtiendo el trámite en una barrera insuperable que resulta en estancias prolongadas. Esto contraviene la Ley Orgánica 4/2000, que obliga a la repatriación inmediata de quienes entran ilegalmente y evidencia la pasividad española ante el desafío marroquí.
Datos del Ministerio del Interior confirman esta dinámica nacional: Marruecos sólo aceptó en 2024 un mínimo porcentaje de las expulsiones solicitadas, dejando pendientes miles de devoluciones. El convenio de readmisión de 1992 obliga a Rabat a aceptar estas repatriaciones, pero en la práctica se limita a casos selectivos, priorizando su agenda geopolítica sobre Ceuta y Melilla, que considera «ocupadas».
Desde la emisión de la circular en mayo de 2024, las entradas ilegales de marroquíes han continuado agravando el problema. Según datos de FRONTEX y ACNUR, en el segundo semestre de 2024 España registró miles de entradas ilegales por la ruta del Mediterráneo Occidental, con marroquíes como una de las nacionalidades principales. En los primeros cinco meses de 2025, FRONTEX reportó 1.522 entradas ilegales de nacionales marroquíes a España, representando el 9,6% del total de llegadas en ese período (alrededor de 15.854 en total hasta mayo). Estas cifras, combinadas con el backlog de repatriaciones pendientes, sobrecargan el sistema judicial y penitenciario español, permitiendo que delincuentes graves estén evitando la expulsión.
