El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trabaja bajo mínimos en Cataluña. La unidad cuenta actualmente con 45 agentes repartidos en las cuatro provincias y acumula 48 vacantes: 16 en Barcelona, 14 en Lérida, ocho en Gerona y diez en Tarragona. Es decir, falta más de la mitad de la plantilla en una especialidad clave para la investigación de delitos medioambientales.
Fuentes de la Guardia Civil relacionan esta situación con el bloqueo del Ministerio del Interior a la hora de incentivar el destino de agentes en Cataluña, después de que el Gobierno central sellara con la Generalidad la cesión de numerosas competencias de medio ambiente a los Mossos d’Esquadra y a los Agentes Rurales.
«Están reduciendo al personal no publicando las vacantes, hasta llegar al desmantelamiento de la especialidad en Cataluña», denuncian desde Justicia Guardia Civil, una de las asociaciones profesionales mayoritarias del Cuerpo. La situación es especialmente grave en localidades como Puigcerdà, Ponts, La Pobla de Segur y Falset, donde el Seprona no dispone de efectivos.
La asociación alerta además del impacto directo sobre los guardias civiles que siguen destinados en la comunidad autónoma. «Este escenario desencadena que exista más carga de trabajo con el desgaste que eso conlleva, todo a costa de la salud de los guardias civiles», señalan.
El cambio de fondo se produjo en la Junta de Seguridad de 2024, cuando los Gobiernos central y autonómico acordaron que las investigaciones de delitos relacionados con el medio ambiente en Cataluña pasaran a estar lideradas por los Mossos d’Esquadra y por los Agentes Rurales. Hasta entonces, esa labor se compartía con la Guardia Civil.
El pacto presenta un punto especialmente controvertido: los Agentes Rurales no son policía judicial y, por tanto, no pueden investigar ilícitos penales como sí lo hace el Seprona. Pese a ello, la Guardia Civil queda obligada a informar a los Mossos de cualquier hecho relacionado con el medio ambiente para que el cuerpo autonómico asuma la titularidad de la investigación o, al menos, forme parte de los equipos que coordinen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la práctica, las asociaciones profesionales ven en ese esquema una mutilación de las funciones de la Guardia Civil en Cataluña. La pérdida de competencias se suma ahora a una plantilla debilitada y a la falta de cobertura de vacantes, lo que alimenta la denuncia de un desmantelamiento progresivo de la presencia del Instituto Armado en la comunidad autónoma.
La cesión no ha provocado únicamente rechazo dentro de la Guardia Civil. También varios ayuntamientos gobernados por partidos independentistas han expresado su preocupación por la retirada de efectivos, especialmente en zonas fronterizas donde temen quedar desprotegidos ante emergencias o actividades delictivas. Diez alcaldes de Junts llegaron a remitir una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al ministro del Interior para pedir que se frenara el proceso, sin éxito.
La mayoría de asociaciones profesionales del Cuerpo han llevado a los tribunales lo que consideran una «transferencia encubierta» de competencias a la Policía de la Generalitat. Entre ellas figuran Jucil y la Unión de Oficiales. Sostienen que la «asignación en exclusiva» a Mossos y Agentes Rurales vulnera la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y también el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyo artículo 144 establece que las competencias en materia de medio ambiente son compartidas por la Generalidad y el Estado.
Las mismas fuentes insisten en que una modificación de ese alcance exigiría una ley orgánica y no un simple acuerdo político entre administraciones. El conflicto, por tanto, no se limita a la reorganización interna de una unidad, sino que afecta al reparto de poder policial en Cataluña y al papel del Estado en una competencia sensible.
La crisis del Seprona coincide con otra decisión polémica de Interior: la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en l’Estartit, en Gerona, tras casi 30 años de servicio en la Costa Brava. El cierre deja sin unidad propia de rescate acuático a una de las zonas españolas con mayor actividad de buceo recreativo.
Solo en el municipio donde hasta hace unos días tenía su base el GEAS hay 72 centros de buceo. Según fuentes de la Benemérita, en esta zona se realizan más de 70.000 inmersiones al año, con puntos de especial afluencia como las Islas Medas y Begur.
Interior justifica la medida por «razones operativas y de optimización de recursos humanos». Los agentes de la unidad se integrarán en la plantilla de Barcelona, donde quedará ubicado el único servicio de rescate acuático de la Guardia Civil en toda Cataluña. Los 11 efectivos tendrán que cubrir desde allí todo el litoral catalán.
La decisión ha provocado malestar entre las asociaciones del Cuerpo, que advierten de un «grave riesgo» para la seguridad en una costa con una intensa actividad náutica y subacuática. Ven en el cierre del GEAS el mismo patrón que denuncian en el Seprona: reducción de efectivos, pérdida de presencia territorial y cesión de espacios operativos a otros cuerpos.
Ante el déficit de personal, la cúpula de la Guardia Civil ha aprobado el llamado derecho preferente modelable para intentar atraer agentes a Cataluña. La medida permitirá que quienes acepten destino en la comunidad autónoma durante un periodo de entre tres y seis años sumen después el doble o incluso el triple de puntos para optar a otro puesto.
La fórmula busca compensar la falta de interés por los destinos en Cataluña, pero llega cuando varias unidades ya han quedado vaciadas o directamente suprimidas. Para las asociaciones profesionales, el problema no es solo de incentivos, sino de voluntad política: Interior ha reducido la presencia efectiva de la Guardia Civil en áreas estratégicas mientras refuerza el papel de los cuerpos autonómicos.
