El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido otorgar una subvención de 444.000 euros a la Comisión Islámica de España (CIE) pese a que su presidente, Aiman Adlbi, se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por presunta colaboración en el financiamiento de grupos radicales vinculados a Al Qaeda en Siria. La ayuda, tramitada a través de la fundación pública Pluralismo y Convivencia —adscrita al Ministerio de la Presidencia—, ha sido formalizada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), generando una fuerte controversia tanto por el contexto judicial como por el momento político.
La partida presupuestaria se enmarca dentro de los 1,2 millones de euros que dicha fundación destina a comunidades religiosas con acuerdos de cooperación en vigor. En el caso de la CIE, el importe tiene como destino la financiación de actividades durante todo el ejercicio de 2025, incluyendo asistencia espiritual en centros penitenciarios y hospitales, apoyo a la enseñanza del islam, y programas de «inclusión social» para comunidades musulmanas asentadas en diferentes regiones del país.
Pese a los argumentos oficiales que justifican la concesión de la ayuda por «motivos de interés público y social», la decisión ha levantado críticas debido a que esta es la primera vez que la Comisión Islámica accede a fondos públicos desde que Adlbi fuera reelegido en julio de 2024 para un nuevo mandato de cuatro años, a pesar de su imputación judicial. Dicha reelección fue posible gracias al respaldo de UCIDE, la federación islámica que también preside Adlbi y que agrupa a más de 900 asociaciones musulmanas, y que, además, está siendo investigada en la misma causa.
Aiman Adlbi, un médico sirio afincado en España desde hace décadas, fue arrestado en 2021 como parte de la operación policial Wamor. Esta investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6, tiene su origen en una operación previa de 2019 que desarticuló una red de financiación yihadista. Según informes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, Adlbi habría jugado un papel central como cerebro de una trama de recaudación económica disfrazada bajo una estructura empresarial vinculada a UCIDE.
Un informe citado por El País sostiene que, al menos desde 2018, esta red habría canalizado fondos hacia facciones armadas implicadas en el conflicto sirio y relacionadas con Al Qaeda. A pesar de estos indicios, y con la causa aún en fase de instrucción, el Gobierno ha considerado oportuno renovar el respaldo económico a la entidad que representa oficialmente al islam ante el Estado español.
