El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a situar la inmigración entre sus grandes prioridades presupuestarias. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a modificar los límites de gasto previstos en la Ley General Presupuestaria para poder asumir nuevas obligaciones por valor de 833.344.737 euros en 2027.
La partida se destinará a financiar necesidades «adicionales» en los programas de atención humanitaria y protección internacional de inmigrantes, así como al funcionamiento de centros de acogida. La decisión llega con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y sin que el Ejecutivo haya logrado someter unas nuevas cuentas públicas al debate completo de las Cortes Generales.
El acuerdo tiene una lectura política clara: mientras el Gobierno acumula frentes judiciales y de corrupción en su entorno, mantiene intacta su capacidad para comprometer dinero público en una de sus áreas ideológicas centrales. No se trata de una partida menor ni de un ajuste técnico. Son más de 833 millones de euros comprometidos para un solo ejercicio futuro en políticas migratorias.
La Moncloa justifica la medida por la necesidad de garantizar la cobertura de los programas dependientes del Ministerio de Inclusión. Sin embargo, el fondo del asunto es otro: el Ejecutivo sigue ampliando obligaciones de gasto mediante acuerdos del Consejo de Ministros, sin unos Presupuestos actualizados y sin el control parlamentario ordinario que exige una política de esta magnitud.
La decisión se suma a una dinámica ya habitual en la acción de Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo no consigue aprobar nuevas cuentas, pero cada semana mueve recursos, modifica límites presupuestarios, autoriza suplementos de crédito y compromete gasto futuro. En esta ocasión, el destino principal es la atención a inmigrantes y solicitantes de protección internacional.
El Consejo de Ministros también aprobó otras decisiones económicas de calado, entre ellas la aplicación del Fondo de Contingencia por 374.066.110 euros para gastos de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz, un suplemento de crédito de 9.972.634 euros para la Jefatura Central de Tráfico y la autorización a Murcia para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por 121.000.000 euros.
Pero la cifra destinada a inmigración destaca por su volumen y por su impacto político. Los 833 millones comprometidos para 2027 consolidan una línea de gasto que el Gobierno mantiene al margen de una discusión presupuestaria completa. La cuestión no es sólo cuánto dinero se destina, sino quién decide, con qué controles y bajo qué prioridades.
La aprobación llega además en una semana marcada por la imagen del presidente en un concierto junto a su mujer, Begoña Gómez, mientras los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del Ejecutivo estrechan el cerco político sobre La Moncloa. Sánchez intenta proyectar normalidad, pero el Consejo de Ministros revela una realidad distinta: un Gobierno debilitado parlamentariamente que conserva una enorme capacidad para disponer de recursos públicos.
La inmigración vuelve así al centro del debate presupuestario. El Ejecutivo compromete cientos de millones para atención humanitaria, protección internacional y centros de acogida mientras siguen pendientes respuestas sobre el coste real de su política migratoria, su sostenibilidad y el control efectivo de esos fondos. En ausencia de nuevos Presupuestos, Sánchez gobierna por la vía de los hechos consumados.
