El Gobierno ultima la aprobación de una nueva línea de ayudas destinada a facilitar el retorno a España de ciudadanos españoles residentes en el exterior que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, según figura en la memoria de análisis de impacto normativo del proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
La iniciativa, que será tramitada mediante real decreto, contempla la creación de una prestación económica orientada a apoyar el proceso de regreso y favorecer la integración social y laboral de las personas retornadas. De acuerdo con la documentación del proyecto, el Ejecutivo prevé una dotación inicial de 8,08 millones de euros para financiar estas ayudas.
El texto señala que los beneficiarios podrán percibir cantidades comprendidas entre 4.000 y 7.600 euros, en función de las circunstancias personales y de la composición de la unidad familiar. El importe medio estimado para el cálculo presupuestario se sitúa en 5.800 euros por expediente concedido.
Según la memoria, la previsión de la Secretaría de Estado de Migraciones es que puedan aprobarse anualmente unas 1.394 solicitudes, a partir de un volumen estimado de 2.163 peticiones presentadas. El documento indica que esta cifra supone un incremento respecto al último ejercicio en el que estuvo vigente una ayuda de características similares.
La prestación recupera un mecanismo que dejó de concederse en 2020. En 2019, último año de ejecución, el programa contó con un presupuesto de 798.285 euros y permitió atender a 858 beneficiarios, con una cuantía media de 930,40 euros por ayuda concedida.
La memoria justifica la medida por la necesidad de reforzar las políticas de retorno de la ciudadanía española en el exterior y por el cumplimiento del mandato recogido en el artículo 42 de la Constitución, que establece que los poderes públicos orientarán su actuación hacia la protección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y favorecerán su retorno.
El documento también incorpora previsiones relacionadas con el impacto de la Ley de Memoria Democrática de 2022, cuya disposición adicional octava ha permitido el acceso a la nacionalidad española de origen a descendientes de exiliados y emigrantes españoles. Según el análisis del Ejecutivo, la incorporación de nuevos nacionales españoles inscritos en los consulados podría traducirse en un aumento de los retornos durante los próximos años.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció recientemente la remisión del reglamento al Consejo de Estado para la emisión del preceptivo informe consultivo, paso previo a la continuación de su tramitación administrativa.
