El Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un auténtico aluvión de solicitudes de nacionalidad española tras la aplicación de la llamada «ley de nietos»: 2,4 millones de personas han iniciado el proceso, más del doble que con la anterior normativa de memoria histórica.
Así lo ha reconocido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha detallado que hasta marzo de 2026 se han presentado 1,2 millones de expedientes y ya se han aprobado más de 545.000, con más de 306.500 inscripciones formalizadas en los registros consulares.
La norma, aprobada en 2022 bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, ha multiplicado el acceso a la nacionalidad española en tiempo récord, superando ampliamente las cifras registradas con la ley de 2007. En apenas tres años y medio, se han tramitado más solicitudes que en más de una década bajo el marco anterior.
El impacto ha sido especialmente visible en países como México, donde se han registrado más de 117.000 solicitudes, reflejo del alcance masivo de una medida que amplía el cuerpo nacional desde el exterior.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha tenido que reforzar de forma acelerada la red consular. Desde 2022 se han autorizado miles de contrataciones adicionales para hacer frente a la carga burocrática derivada de esta política, en un contexto en el que ya hay cerca de tres millones de españoles residiendo fuera del país.
La medida, presentada por el Gobierno como un acto de «justicia histórica», está teniendo efectos estructurales al reconfigurar el volumen y la composición de la ciudadanía española, en paralelo a otras políticas migratorias que también apuntan a un aumento sostenido de la población con acceso a derechos plenos.
En la práctica, la «ley de nietos» se consolida como uno de los mayores procesos de concesión de nacionalidad de la historia reciente de España, con implicaciones políticas, sociales y demográficas que comienzan a hacerse visibles.
