El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido a Movimiento por la Paz (MPDL) entre las entidades sociales y organizaciones que colaborarán en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo. Esta ONG formará parte del denominado Registro de Colaboradores de Extranjería, un sistema en el que participan asociaciones y sindicatos encargados de asesorar gratuitamente a los solicitantes y gestionar parte de los trámites, según avanza OkDiario.
Dentro de ese mecanismo, estas organizaciones tendrán un papel clave: podrán actuar como intermediarias en las solicitudes telemáticas y, especialmente, serán las responsables de emitir informes que acrediten la situación de «vulnerabilidad» de los inmigrantes. Este documento constituye una de las vías para acceder a la regularización, junto con la demostración de actividad laboral —real o prevista— o la acreditación de arraigo familiar en España.
Para obtener ese informe, bastará con justificar circunstancias como aislamiento social, falta de ingresos, exclusión económica, sinhogarismo, dificultades para acceder al empleo o situaciones de discriminación, entre otros supuestos. Estos criterios amplios permitirían, según distintas estimaciones, extender el alcance del proceso a cientos de miles de personas: el Ejecutivo habla de unas 500.000, mientras que fuentes policiales elevan la cifra potencial por encima del millón.
MPDL, que se define como una organización independiente, laica y de orientación progresista, ha recibido en el último año cerca de cuatro millones de euros procedentes de la Administración central. Estas cantidades se reparten entre subvenciones públicas y contratos relacionados con la atención urgente a inmigrantes en situación irregular. En los últimos ejercicios, las aportaciones económicas han sido recurrentes y canalizadas a través de distintos ministerios, como Exteriores, Igualdad, Derechos Sociales o Cultura.
Al frente de la entidad se encuentran dos figuras históricas del socialismo español: Francisca Sauquillo, presidenta de honor, y Manuel de la Rocha Rubí, actual presidente. Sauquillo, con una larga trayectoria institucional que incluye cargos como diputada nacional, autonómica y europarlamentaria, dirige la organización desde su fundación en 1984 y preside el PSOE madrileño. Recientemente fue distinguida con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el ministro Félix Bolaños.
Por su parte, De la Rocha Rubí fue alcalde de Fuenlabrada a finales de los años setenta y posteriormente consejero en la Comunidad de Madrid. Además, es padre de Manuel de la Rocha, actual responsable de la Oficina Económica de Moncloa y uno de los asesores más cercanos al presidente del Gobierno.
La inclusión de esta organización en el sistema de colaboración para la regularización refuerza su papel dentro de las políticas migratorias actuales, en un proceso que se presenta como uno de los más amplios de los últimos años en España.