El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la financiación de investigaciones destinadas a identificar perfiles de «haters» en las redes sociales y analizar su comportamiento durante momentos clave de la vida política. La iniciativa aparece recogida en el Real Decreto 932/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la concesión directa de subvenciones a distintas asociaciones vinculadas a la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.

En concreto, el artículo 3 de la norma incluye entre las actuaciones financiables una investigación sobre los discursos de odio en las plataformas digitales, con el objetivo de estudiar cómo se manifiestan, analizar su evolución durante acontecimientos políticos relevantes e identificar perfiles de usuarios y los mecanismos que emplean para promover estos contenidos.

La medida forma parte de un conjunto de programas impulsados por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, que contempla ayudas económicas a organizaciones dedicadas a combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Hasta 190.000 euros para tres organizaciones LGTBI

El decreto establece una dotación máxima conjunta de 190.000 euros para tres entidades LGTBI, distribuidos entre la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+), que podrá recibir hasta 100.000 euros; la Federación Plataforma Trans, con 60.000 euros; y la Fundación 26 de Diciembre, con otros 30.000 euros.

La investigación sobre perfiles de «haters» figura entre las actividades contempladas dentro de estas subvenciones, aunque el texto no especifica qué cantidad concreta se destinará a ese estudio. Además del análisis de las redes sociales, las ayudas incluyen campañas de sensibilización, formación de profesionales, atención a víctimas de discriminación y programas de apoyo a personas trans y mayores LGTBI.

En total, el real decreto regula nueve subvenciones directas por un importe máximo de 965.000 euros. De esa cantidad, 615.000 euros se reservan para ocho organizaciones vinculadas a la lucha contra la discriminación y la atención de personas vulnerables, mientras que los 350.000 euros restantes corresponden al Grupo Cooperativo Tangente, para actuaciones destinadas a fomentar el emprendimiento femenino.

El Gobierno justifica las ayudas por razones de interés público

El Ejecutivo ha optado por el procedimiento de concesión directa, sin convocatoria competitiva, alegando razones de interés público, social y humanitario. En el texto publicado en el BOE, el Ministerio de Igualdad argumenta que las organizaciones beneficiarias cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar los programas y que resulta urgente garantizar la continuidad de sus actividades.

Las subvenciones destinadas a las organizaciones LGTBI se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2026. Su periodo de ejecución está previsto entre el 2 de diciembre de 2026 y el 1 de diciembre de 2027.

Las entidades podrán destinar parte de los fondos a retribuciones de personal, colaboraciones profesionales, materiales, asistencias técnicas y determinados gastos generales relacionados con las actividades subvencionadas.

El decreto no concreta cómo se identificarán los perfiles

Uno de los aspectos que el texto deja sin desarrollar es la metodología que se utilizará para identificar los perfiles de «haters» durante acontecimientos políticos.La disposición no especifica qué criterios permitirán clasificar a un usuario dentro de esa categoría, ni detalla si el estudio se limitará al análisis agregado de publicaciones o incorporará información sobre cuentas concretas.

Tampoco precisa cuáles serán los acontecimientos políticos examinados ni establece una partida económica individualizada para la investigación. El Ministerio presenta esta actuación como una herramienta para conocer mejor la difusión de los discursos de odio y reforzar la prevención de la discriminación contra las personas LGTBI.

La inclusión expresa de los momentos políticos en el objeto del estudio plantea, sin embargo, interrogantes sobre los criterios de selección de contenidos, la metodología de análisis y las garantías previstas para diferenciar entre expresiones potencialmente delictivas y opiniones amparadas por la libertad de expresión.

Por el momento, el decreto autoriza la financiación de la investigación, pero no acredita que exista un sistema de seguimiento individualizado de usuarios ni identifica a las personas que serían objeto de análisis.