La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el Gobierno llevará a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de julio el reparto de un nuevo fondo de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas con mayor flujo de entrada de menores extranjeros no acompañados. La medida consolida el modelo de distribución territorial impulsado por el Ejecutivo tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Rego hizo el anuncio en Arrecife, Lanzarote, después de reunirse con miembros del Colegio de Abogados de la isla para abordar la situación de los menas en Canarias. Según explicó, el archipiélago recibirá cuatro millones de euros de este nuevo fondo, que se sumarán a los 140 millones ya asignados para políticas de acogida en las islas.
La ministra defendió además que el 50% de los presupuestos del Estado destinados a esta materia «han sido consignados a Canarias», uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal hacia España junto a Ceuta y Melilla.
El Gobierno presenta este sistema como una respuesta institucional basada en los derechos humanos y en la protección de la infancia. Sin embargo, la decisión supone también una nueva transferencia de carga económica y asistencial hacia las comunidades autónomas, obligadas a asumir la acogida de menores en plena presión sobre los servicios sociales, educativos y sanitarios.
Rego reivindicó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, de la que se cumple un año, y aseguró que su aplicación ha sido un «éxito rotundo». Según los datos expuestos por la ministra, durante este periodo se han tramitado cerca de 2.000 expedientes de traslado de menores a la Península «sin un solo incidente».
La titular de Juventud e Infancia afirmó que la situación de Canarias «ha cambiado radicalmente» en el último año y sostuvo que el sistema de acogida se ha «descongestionado sustancialmente». También defendió que muchos menores podrán desarrollar su proyecto vital en territorios donde, según dijo, tienen sus derechos garantizados.
En relación con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, Rego planteó que sean los Colegios de Abogados quienes asuman la representación judicial de los menores extranjeros no acompañados tras su llegada a España, una propuesta que refuerza la arquitectura institucional de acogida impulsada por el Gobierno.
