El Ministerio de Ciencia tuvo conocimiento desde 2018 de las primeras advertencias sobre presuntas irregularidades en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). A pesar de las alertas, ningún responsable político del Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó.
El primero en recibir una denuncia fue el entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque. La alerta llegó poco después de su desembarco inesperado en el Gobierno socialista. Antes de que él la leyera, su número dos ya había mantenido un encuentro con una investigadora del centro y presidenta del Comité de Empresa, que acudió a exponer lo que había detectado. Aquella reunión terminó con una recomendación inquietante: que abandonara la idea de continuar con sus denuncias. Poco después, Duque recibió una carta detallada. Nunca respondió.
La historia volvió a repetirse años más tarde. El secretario de Estado de Ciencia con Diana Morant, Juan Cruz Cigudosa, recibió una nueva denuncia el 8 de agosto del año pasado. Tampoco hubo respuesta.
Mientras tanto, dentro del CNIO se acumulaban indicios como mínimo sospechosos y, según varias fuentes internas, directamente delictivos. Sánchez prometió proteger la ciencia cuando llegó a La Moncloa, pero las advertencias entraban por los canales oficiales y salían por el silencio administrativo. Eran los propios altos cargos del centro quienes pedían que el Ministerio actuase ante lo que observaban.
Nada cambió, ni siquiera cuando el Ministerio decidió en enero sustituir a la directora científica, María Blasco, y Morant proclamó públicamente el final de la crisis. En realidad, nada se movió respecto a la presunta trama que habría desviado 25 millones de euros durante 18 años. Dos altos cargos que alertaron sobre ello acabaron fuera del centro en un clima que apunta a represalias. El dinero desaparecía de partidas dedicadas a la lucha contra el cáncer. En el Ministerio nadie parecía darse por enterado.
El punto de inflexión llega el 27 de junio, cuando el director de Operaciones decide llevar su denuncia a Anticorrupción. El diario El Mundo la publica diez días después, con 120 páginas de exposición y otras 500 de pruebas. Tras cuatro portadas y numerosas preguntas de los patronos del centro, el Patronato del CNIO destituye finalmente a Joaquín Arroyo. La decisión se presenta como una “reorganización”, pero admite que es una destitución efectiva. Incluso se reconoce que el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, hizo llegar un informe con presuntas irregularidades a la Fiscalía.
El recorrido cronológico revelado por las fuentes muestra que, meses después de que el PSOE llegara al poder en 2018, el Ministerio ya había recibido noticias de posibles irregularidades. La presidenta del Comité de Empresa acudió al despacho del secretario general de Coordinación de Política Científica, Rafael Rodrigo, para contarle que había detectado gastos millonarios en conceptos “absurdos”, como “ferretería”, además de concursos amañados que siempre recaían en empresas vinculadas a altos cargos del centro, incluida una fundada en el domicilio del propio gerente.
La investigadora pidió simplemente una cosa: que se investigara. Rodrigo le dijo que no podía hacer nada y le pidió que no “politizara” el asunto. Ella salió de allí aún más preocupada.
Antes de acudir al Ministerio ya había solicitado ayuda a la directora científica, María Blasco, que también había pedido al Ministerio que interviniera. Blasco arrastraba años de conflicto con el gerente Arroyo desde 2011. Nada cambió para ella. Arroyo logró finalmente apartarla en enero.
Ante la falta de respuesta, la presidenta del Comité de Empresa escribió directamente a Pedro Duque. Sin respuesta. Buscó apoyo político. Sólo VOX denunció públicamente el caso. La justicia archivó finalmente el asunto tres años después, el pasado enero, dejando a la representante sindical con un desgaste notable y sin que el Ministerio tomara ninguna medida.
Pero el proceso de investigación interna ya había arrancado. En julio del año anterior, el director de Compras se convirtió en director de Operaciones y, junto a la responsable de Cumplimiento, implantó un nuevo sistema de control. Al revisar contratos hasta entonces ocultos a la parte sindical, descubrieron facturas infladas, adjudicaciones fraccionadas y contratos vacíos durante 18 años.
El 3 de marzo enviaron esos hallazgos a Cruz Cigudosa. Nadie respondió. En junio acudieron a Anticorrupción y, el 8 de agosto, volvieron a avisar al Ministerio. De nuevo, silencio. A finales de agosto, ambos fueron expulsados mediante maniobras internas.
