El exdirector de operaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta trama de adjudicaciones irregulares dentro del organismo afirma ahora que la estructura que identificó en sus auditorías internas funcionaba como «una organización mafiosa». El denunciante sostiene que durante más de una década se desviaron cerca de 20 millones de euros mediante empresas relacionadas con antiguos cargos del propio centro.
El responsable, que trabajó en el CNIO desde 2005 y que perdió su puesto en agosto, explica que decidió presentar la denuncia cuando empezó a revisar las cuentas del centro a finales de 2024. Describe su situación como «incomodísima» y afirma que sintió «miedo, decepción e inseguridad» mientras analizaba la documentación. Insiste en que dedicó meses a recopilar pruebas, siempre fuera de los sistemas del CNIO, a través de discos duros y de un ordenador sin conexión para impedir que sus superiores detectasen sus movimientos, detalla El País.
El denunciante asegura que necesitaba “evidencias absolutas” y que, durante seis meses, reunió información con la ayuda de varios compañeros que continúan en el organismo. Su investigación interna señala al exdirector gerente Juan Arroyo como principal responsable del entramado de contratos. Ambos mantuvieron una relación laboral y personal estrecha durante más de quince años, pero dejaron de hablar tras aflorar los presuntos amaños. El exgerente rechaza todas las acusaciones.
La denuncia detalla “patrones” repetidos en la contratación de servicios y personal a través de empresas satélite creadas o dirigidas por antiguos cargos del CNIO. Gedosol, vinculada al exjefe de personal, habría recibido más de 15 millones en adjudicaciones. Zeus SL, relacionada con el exdirector técnico, facturó 5,4 millones. Alaos ITL SL, conectada con el exdirector de compras, acumuló 11 millones. También aparece Navestalia, empresa propietaria de una nave en San Agustín de Guadalix que estaría vinculada al exdirector gerente.
Solo Alaos ha respondido públicamente. Niega cualquier conducta impropia y anuncia una revisión completa de su documentación para aportar los datos necesarios.
El denunciante sostiene que estas empresas asumieron tareas que antes realizaba el propio CNIO, como labores de secretaría de grupos científicos, lo que permitía sortear las restricciones de contratación de personal impuestas durante la crisis. En otros casos, según el escrito de 120 páginas, cobraron por trabajos no realizados. La denuncia identifica decenas de contratos encadenados por importes de 49.900 o 14.900 euros, justo por debajo de los umbrales que exigen mayor control. En uno de ellos, relativo a mascarillas por casi 50.000 euros, el material llegó en tal estado que tuvo que desecharse.
El exdirectivo resume su conclusión en una frase: “Es una mafia; una organización mafiosa”. Pese a que la Fiscalía ha aceptado la denuncia, todavía no ha iniciado actuaciones, y ninguno de los implicados ha recibido comunicación oficial.
Él y una compañera que participó en el análisis interno fueron despedidos en agosto mediante expediente disciplinario por presuntamente entorpecer contratos esenciales. Ambos han demandado al CNIO por despido improcedente y esperan juicio en 2026. El punto clave que deberá determinar la Fiscalía es si existieron mordidas, extremo que la denuncia no acredita.
El caso estalla en plena crisis del CNIO. En enero, el patronato apartó tanto al exgerente Juan Arroyo como a la directora científica María Blasco tras años de tensiones internas, acusaciones de acoso y un deterioro evidente de las instalaciones y del clima laboral. La ministra de Ciencia, Diana Morant, reconoció que el centro funcionaba en un entorno “incompatible con la excelencia”. Ambos dirigentes volvieron a sus anteriores puestos como jefa de grupo y vicedirector económico.
El Gobierno ha convocado para este martes una reunión urgente del patronato. El nuevo director gerente, José Manuel Bernabé Sánchez, tendrá la responsabilidad de reflotar el centro y revisar al detalle las cuentas de los últimos años. El Ministerio de Ciencia admite que altos cargos recibieron avisos de irregularidades en marzo y agosto. Los dos trabajadores despedidos llegaron a solicitar “amparo” por sentirse objeto de represalias.
Fuentes del Ministerio rechazan las acusaciones del denunciante y afirman que su perfil genera recelo porque no fue seleccionado como nuevo gerente y porque tuvo responsabilidades durante los años en los que supuestamente se cometieron las irregularidades. El exdirectivo, por su parte, considera que ha sido marginado por haber trabajado como asesor del ministro Luis de Guindos entre 2012 y 2018.
Desde el Ministerio alertan de que “en el CNIO tienen puestas las esperanzas al menos el 33% de nuestra población, que sufrirá cáncer a lo largo de su vida”, y advierten de que la batalla interna podría comprometer el futuro del centro.
