El Ministerio del Interior impidió que la Policía Nacional movilizara a su Unidad Especial de Subsuelo durante la devastadora DANA que azotó Valencia el pasado 29 de octubre, a pesar de que esta unidad cuenta con formación específica para operar en emergencias como inundaciones y riadas. Así lo denuncia con contundencia el sindicato JUPOL, que representa a la mayoría del cuerpo y acusa al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska de actuar con una «irresponsabilidad grave» al mantener inactivos a agentes cualificados y perfectamente equipados para intervenir en la catástrofe.
Desde JUPOL no ocultan su indignación y califican la gestión del Ministerio como un «despropósito absoluto, mal organizado y peor ejecutado». En contraste, recuerdan cómo en emergencias pasadas, como la erupción volcánica en La Palma, los primeros efectivos policiales fueron movilizados en cuestión de horas. «En aquella ocasión, en apenas cuatro horas ya había compañeros en la zona. Aquí se tardó dos días, cuando había personal preparado y disponible», señalan.
Lo que más ha molestado al sindicato es que, apenas dos meses antes del desastre, decenas de agentes de esta unidad especializada habían recibido formación específica para actuar en escenarios de riadas, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras entidades. A pesar de ello, muchos de los que se ofrecieron como voluntarios para intervenir en Valencia fueron descartados sin justificación, a pesar de disponer de experiencia en la intervención en redes subterráneas, alcantarillas y colectores, y contar con medios como bombas de achique especialmente útiles para retirar lodo y agua acumulada.
La Unidad Especial de Subsuelo está entrenada para actuar en espacios confinados, entornos colapsados y situaciones de alto riesgo. Su dotación técnica incluye camillas especiales, poleas, botas impermeables, sistemas de iluminación de alta potencia y linternas antideflagrantes, así como dispositivos para evacuar agua de garajes inundados o zonas subterráneas. Según JUPOL, todo este despliegue humano y material fue deliberadamente ignorado por Interior.
Durante los primeros compases de la emergencia, los agentes destinados a la zona denunciaron haber recibido instrucciones confusas y directrices contradictorias. El sindicato sostiene que el Ministerio tenía la capacidad de desplegar de inmediato entre 1.000 y 2.000 efectivos, pero no lo hizo, dejando en la retaguardia a unidades que, insisten, «estaban listas para intervenir desde el primer minuto».
«No entendemos cómo se puede marginar a un equipo entrenado, activo y con los recursos necesarios mientras se opta por enviar a otros cuerpos que, si bien preparados, no cuentan con la misma experiencia ni capacidades técnicas», lamentan desde JUPOL. Para el sindicato, esta decisión fue puramente política y dejó a la ciudadanía sin la respuesta profesional que merecía en un momento crítico.
Por último, lanzan una dura crítica al Ministerio del Interior por desoír a quienes podrían haber marcado la diferencia en los primeros momentos de la tragedia: «¿Quién responderá si esta omisión perjudicó los tiempos de rescate o dificultó la localización de víctimas? ¿Quién dará la cara?», cuestionan desde JUPOL, exigiendo responsabilidades por una gestión que consideran negligente.
