El Tribunal de Cuentas está desmontando la propaganda oficial del Gobierno sobre su gestión sanitaria durante la pandemia. En un informe, recién aprobado por el Pleno del órgano fiscalizador y ocultado durante más de un año, se detallan las deficiencias detectadas en los sistemas de información de Sanidad entre 2019 y 2021, con especial atención al registro de vacunas contra la covid. El documento concluye que los datos eran poco fiables, desfasados y sin garantías para una toma de decisiones efectiva.
El informe fue finalizado en febrero de 2024 y debía haber estado disponible hace meses. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, torpedeó su publicación a base de prórrogas y alegaciones dilatorias que no respondían al contenido requerido ni a los hechos constatados. Así lo advierte el propio Tribunal: Sanidad ofrecía explicaciones que no se ajustaban a la evidencia recopilada durante los trabajos de campo.
Una chapuza generalizada con la vacunación
El informe desvela la «heterogeneidad» de los sistemas de información autonómicos, lo que impedía la interoperabilidad de los registros de vacunación. Las diferencias en capacidades, criterios de cumplimentación y gestión hacían imposible disponer de una base de datos integrada que permitiese a los ciudadanos o a los servicios de salud acceder a su historial vacunal en tiempo real.
A este caos se sumaban los constantes retrasos en la remisión de datos por parte de las comunidades y la falta de mecanismos por parte del Ministerio para exigir esa información. El resultado fue una estadística oficial plagada de incongruencias. Como muestra, un botón: mientras el sistema REGVACU indicaba en marzo de 2022 que se habían administrado 100 millones de dosis, la Dirección General de Salud Pública aseguraba en junio que eran 95 millones. El propio Tribunal advierte de que ambas fuentes oficiales ofrecían cifras incoherentes entre sí.
Tampoco se incluyeron en los informes las vacunas administradas fuera del Sistema Nacional de Salud, ni en centros privados ni en las dependencias de Sanidad Exterior del propio Ministerio. Esto representa, según el Tribunal, una «deficiencia de coordinación» que impedía elaborar análisis rigurosos para planificar la vacunación con precisión, detalla Vozpópuli.
Un año de bloqueo y ocultación
El Ministerio de Sanidad no sólo retrasó deliberadamente la publicación del informe, sino que también trató de escurrir el bulto. En sus alegaciones, culpó a las comunidades autónomas de los fallos señalados, incluso en ámbitos de competencia estatal como el de Sanidad Exterior. El Tribunal, sin embargo, desmonta estas excusas y deja claro que el Ministerio intentó trasladar responsabilidades que le correspondían.
La fiscalización, que se inició en 2021 por iniciativa del propio Tribunal, forma parte del análisis de la Administración General del Estado para evaluar su actuación durante la pandemia. Su publicación coincide con el quinto aniversario de la irrupción del coronavirus y el cuarto del inicio de la campaña de vacunación.
Además de los registros de vacunación, el informe también analiza los sistemas de vigilancia epidemiológica, de alertas sanitarias y de gestión de emergencias. Y la conclusión es clara: el Gobierno de Sánchez gestionó la pandemia con datos inexactos, sistemas obsoletos y una notable falta de coordinación. Y cuando se le pidieron explicaciones, intentó ganar tiempo, desviar responsabilidades y esconder la realidad.
