Los gobiernos de España, Francia y Marruecos, con financiación mayoritaria de la Unión Europea, han lanzado el programa WAFIRA II, una iniciativa de migración llamada «circular» que prevé la llegada de hasta 3.000 trabajadores marroquíes a Europa, en un momento marcado por el colapso de los servicios públicos, el aumento del paro juvenil y la creciente inseguridad en numerosos territorios europeos.
El proyecto, presentado este martes en Rabat, amplía el alcance de la primera fase del programa y se extiende ahora a seis países: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde. Bajo el pretexto de una movilidad «segura, ordenada y beneficiosa», el plan consolida un modelo de externalización migratoria que facilita la entrada de mano de obra extranjera mientras se ignora el impacto social y laboral sobre las poblaciones locales.
Tras una primera experiencia que afectó a 250 temporeras marroquíes, WAFIRA II multiplicará por doce el número de beneficiarios, acompañando a 3.000 personas en su inserción laboral en Europa y financiando su retorno posterior con programas de reintegración y emprendimiento en Marruecos. Todo ello, con un presupuesto superior a los 5,2 millones de euros, sufragado en un 95% por fondos europeos.
El programa incluye formación previa a la salida, acompañamiento durante la estancia en Europa y apoyo económico para proyectos empresariales en el país de origen. En concreto, 300 participantes accederán al llamado «programa Acelerador», que contempla subvenciones de hasta 2.500 euros para iniciar actividades económicas tras su regreso. De ellos, 225 trabajadoras serán acompañadas en Andalucía, principalmente en Huelva, mientras Francia hará seguimiento de otros 75 casos.
Lejos de responder a una necesidad coyuntural, WAFIRA II institucionaliza un flujo migratorio permanente, gestionado por organismos públicos y organizaciones internacionales, como la OIT, la ANAPEC marroquí o la Oficina Francesa de Inmigración, con el respaldo del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Desde el Ejecutivo se presenta el programa como un «paso clave» para estructurar la movilidad laboral, mientras que desde Bruselas se elogia como un modelo de cooperación ejemplar. Sin embargo, el plan refuerza una política migratoria basada en la importación sistemática de trabajadores extranjeros, sin abordar los problemas estructurales del empleo nacional ni el deterioro de la cohesión social en las regiones receptoras.
El proyecto se desarrollará durante 40 meses, hasta noviembre de 2028, y se suma a una larga lista de iniciativas financiadas por la UE que, bajo un lenguaje tecnocrático y asistencial, normalizan la sustitución demográfica y laboral en Europa mientras se silencia el creciente rechazo social a este modelo.
