El Gobierno limitará las ayudas de emergencia a intervenciones esenciales para garantizar la seguridad y la salud tras la DANA que devastó 70 municipios en la provincia de Valencia. Según un documento oficial de la Unidad de Protección Civil, dependiente de la Delegación del Gobierno, sólo se financiarán actuaciones consideradas indispensables, como la limpieza de lodos en escuelas o reparaciones en cementerios afectados por desprendimientos. Quedan excluidas otras intervenciones, como reparaciones en instalaciones deportivas, edificios culturales o accesos a explotaciones agrícolas sin población habitada.
El informe, titulado «Tramitación de subvenciones a corporaciones locales por gastos de emergencia», especifica que los fondos solo podrán destinarse a «gastos derivados de acciones inaplazables llevadas a cabo durante o inmediatamente después de la emergencia». Estas actuaciones deben estar directamente relacionadas con el funcionamiento de servicios públicos esenciales que garanticen la vida y la seguridad de las personas. Esta delimitación podría generar tensiones entre las administraciones locales y el Gobierno central debido a la magnitud de los daños sufridos.
El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado el proceso de reconstrucción como un “camino largo y lleno de obstáculos” durante la toma de posesión de los nuevos consejeros. Mazón ha insistido en la necesidad de colaboración entre administraciones para afrontar los desafíos derivados de las devastadoras inundaciones. No obstante, el enfoque restrictivo de las subvenciones ha generado preocupación en algunos ayuntamientos, que temen no contar con los recursos necesarios para acometer reparaciones prioritarias.
En el ámbito municipal, la relación con la Generalitat ha sido más fluida, pero no se descarta que surjan desacuerdos en torno a la aportación económica que se espera de los consistorios para abordar las reparaciones. Los daños ocasionados por la gota fría han puesto a prueba la capacidad de coordinación entre el Gobierno central, la administración autonómica y los municipios.
El alcance de las ayudas públicas será clave para determinar la velocidad y efectividad de la recuperación, especialmente en un contexto donde muchos municipios aún evalúan el impacto total de la catástrofe. La Generalitat Valenciana, por su parte, ha solicitado claridad en los criterios de asignación de fondos y ha instado a priorizar las necesidades más urgentes para evitar el colapso de servicios esenciales en las zonas afectadas.
