El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene paralizado desde hace casi un año uno de los controles técnicos más básicos para anticipar el deterioro de las carreteras: la medición sistemática de las grietas del pavimento y de la regularidad superficial de la calzada, dos indicadores clave para evaluar el estado del firme y la seguridad de la circulación.
Según informa Vozpópuli, el contrato del Ministerio de Transportes que permitía realizar estas campañas periódicas expiró en mayo de 2025 y, diez meses después, todavía no ha sido sustituido. Como consecuencia, la Red de Carreteras del Estado carece en estos momentos de uno de sus principales sistemas de diagnóstico para detectar daños en el pavimento.
Estas mediciones permiten identificar de forma temprana las fisuras por las que penetra el agua y se acelera la degradación del firme. También evalúan la regularidad superficial de la calzada, un parámetro que influye de forma directa en la seguridad y en el confort de conducción. Sin estos datos, el mantenimiento deja de ser preventivo y pasa a ser reactivo: las intervenciones se producen cuando el problema ya resulta visible y la reparación exige un coste mayor.
Fuentes del sector de conservación de infraestructuras señalan que la ausencia de estas campañas rompe además una serie histórica de datos que se había mantenido durante décadas. Esa información resulta fundamental para planificar inversiones y priorizar actuaciones en la red viaria estatal.
El bloqueo responde a varios factores. Por un lado, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha limitado la capacidad del Ministerio de Transportes para activar nuevos contratos. Por otro, los propios plazos de la contratación pública ralentizan el proceso entre la redacción de los pliegos, la licitación y la adjudicación.
A este escenario se suma la revisión del modelo de contratación que impulsa el departamento que dirige el ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministerio trabaja en una modificación de los criterios de adjudicación con el objetivo de reducir el peso de los elementos subjetivos en la valoración de las ofertas técnicas.
La revisión llega después de la investigación conocida como «caso Koldo«, que puso el foco en posibles irregularidades en adjudicaciones vinculadas a contratos de carreteras. Entre los cambios previstos figura el aumento del peso del criterio económico en los concursos, que pasa del 51% al 60% en algunos contratos licitados en 2026.
Las empresas del sector han expresado su preocupación por el nuevo modelo. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras advierte de que un sistema con mayor peso del precio puede degradar la calidad del servicio y convertir los concursos en una especie de subasta.
Mientras tanto, el contrato para controlar la fisuración del pavimento permanece sin activarse. Incluso si el proceso arrancara de inmediato, los plazos administrativos dificultan que el sistema recupere la normalidad a corto plazo. El parón podría superar el año completo.
La situación se produce además en un contexto de deterioro creciente de la red viaria. Diversos informes alertan de que una parte relevante de las carreteras presenta deficiencias y de que el déficit acumulado en conservación ha aumentado durante la última década.
Sin datos actualizados sobre el estado del pavimento, la capacidad de priorizar inversiones se reduce de forma notable. El estado de la calzada influye en la seguridad vial, en el desgaste de los vehículos y en los tiempos de desplazamiento. Las pequeñas grietas que hoy no se miden pueden convertirse mañana en baches y fallos estructurales de mayor coste.
Durante años, el mantenimiento preventivo situó a España entre los referentes europeos en conservación de infraestructuras. La interrupción de estos controles básicos refleja ahora un sistema que actúa cada vez más tarde, con menos información y con un coste final mayor para el erario público.
