La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene a 360 nuevos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera sin dotación reglamentaria de armas ni chalecos antibalas desde su incorporación efectiva al servicio, según ha revelado el diario okdiario. La situación se prolonga desde finales de noviembre y afecta tanto a los funcionarios destinados en unidades de investigación como a los adscritos a la especialidad marítima.
Los agentes, que aprobaron la oposición publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de enero de 2024, superaron el proceso selectivo en octubre de ese mismo año. No obstante, su nombramiento como funcionarios en prácticas no se produjo hasta el 21 de abril de 2025. Posteriormente iniciaron prácticas en distintas delegaciones de la Agencia Tributaria y cursaron formación especializada en la Escuela Nacional de Policía.
El colectivo afectado denuncia retrasos administrativos, precariedad retributiva y falta de medios materiales esenciales para el desempeño de funciones policiales. De los 360 nuevos efectivos, 260 pertenecen a la especialidad de investigación y 100 a la marítima. Todos ellos tienen la condición de agentes de la autoridad en funciones de Policía Fiscal y Policía Judicial, con competencias en la lucha contra el contrabando, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y el crimen organizado.
Tras finalizar la fase formativa, los agentes permanecieron aproximadamente dos meses sin ser nombrados funcionarios de carrera. Durante ese periodo percibieron únicamente el salario base, en torno a 770 euros mensuales, circunstancia que, según fuentes del colectivo, generó situaciones económicas comprometidas, especialmente en casos de desplazamiento forzoso a otras comunidades autónomas.
Las quejas también se extienden a la ausencia de placa profesional y a la asignación de tareas administrativas ajenas a su cualificación específica. Parte de los nuevos funcionarios estarían desarrollando labores de gestión interna en dependencias de la Agencia Tributaria, en lugar de participar en operativos contra organizaciones criminales.
Desde el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio se habría trasladado que la entrega del material reglamentario se producirá, sin que conste un calendario oficial. Mientras tanto, los agentes que sí intervienen en investigaciones sobre delincuencia organizada manifiestan sentirse “inseguros y desprotegidos” por carecer de medios defensivos básicos.
En el ámbito retributivo, las nóminas netas no alcanzarían los 1.600 euros mensuales, una cifra que el colectivo considera inferior a la percibida por efectivos de otros cuerpos policiales con los que colaboran en operaciones conjuntas. Las diferencias salariales, según sostienen, oscilarían entre 700 y 800 euros mensuales respecto a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en etapas iniciales de carrera.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha anunciado medidas concretas para resolver la carencia de equipamiento ni ha precisado plazos para la normalización administrativa y material de estos funcionarios. Los afectados reclaman la dotación inmediata de medios, la adecuación de funciones a su perfil policial y una revisión de las condiciones salariales acorde con el riesgo inherente a sus cometidos.
