El gobierno de Pedro Sánchez se va a hacer a través del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) con campos que en el pasado pertenecieron a agricultores y tras la riada de Valencia quedaron destruidos, sin ofrecer a sus dueños una compensación económica justa ni reconocer el valor real del suelo. La medida forma parte de un plan para ampliar el dominio público de ríos y barrancos, convirtiendo tierras de cultivo en zonas fluviales, con el pretexto de prevenir daños por inundaciones futuras.
Uno de los casos más paradigmáticos es el de Enrique Grau, agricultor de Turís, que camina hoy entre piedras y raíces secas donde antes cultivaba 600 árboles de caquis. «Eso era mío», dice a La Razón, señalando lo que queda de un antiguo árbol. Su parcela, como muchas otras, ha sido incluida en la delimitación oficial de terrenos que pasarán a ser parte del cauce del río Magro, que antes bordeaba sus tierras pero que ahora lo invadirá legalmente. Grau, indignado, relata que un representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) le soltó: «Lo que el río te da, el río te quita». Él responde: «Tengo escritura, si ahora es del río, entonces antes era mío, ¿no?».
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que esta operación es una maniobra para esquivar los procedimientos legales de expropiación y, con ello, evitar el pago de indemnizaciones justas a los afectados. Según la organización, el Ministerio de Agricultura ha valorado los daños en tan sólo 11.800 euros por hectárea, una cifra que califican de «irrisoria» y muy alejada del valor real del terreno agrario.
Más de un millar de parcelas se verán afectadas. En una lista inicial —que los agricultores creen que crecerá considerablemente— se identifican 1.159 fincas clasificadas como «tipo C», es decir, propiedades colindantes con cauces públicos gravemente dañadas. Un mapa alojado en la web del Ministerio señala ya las nuevas delimitaciones del dominio público hidrográfico en base a las zonas impactadas por la última riada.
La respuesta de los agricultores ha sido inmediata. Enrique Grau, por ejemplo, fue el primero en apuntarse al grupo de afectados que está impulsando AVA-ASAJA para presionar a las instituciones. «Con esa miseria que ofrecen no puedo ni reponer la instalación de riego», lamenta. Además de sus árboles, ha perdido tecnología puntera que había incorporado a su explotación para controlar los cultivos de forma remota. «El seguro solo me cubrió un año de cosecha, pero yo ya no puedo volver a plantar jamás».
