Entre los cientos de traslados de inmigrantes ilegales que se están produciendo entre regiones españolas en aplicación de la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, se están realizando desplazamientos de estas personas en taxi desde Mérida hasta León por un coste de 750 euros el viaje.
Para cada uno de estos traslados, que se están realizando antes de que se haga de día para conseguir la mayor discreción posible, se contrata a un taxista por un precio de 700 euros, más 50 en concepto de dietas, según ha podido saber LA GACETA.
El pasado miércoles 27 de noviembre, a las siete de la mañana, uno de estos taxis partió del centro de refugiados de Mérida con seis hombres adultos como pasajeros. Su destino: un hotel en Villaquilambre (León), reconvertido en centro de acogida. Los inmigrantes ilegales llegaron al alojamiento alrededor de las 11.20 de la mañana, tal y como se puede ver en un vídeo al que ha tenido acceso este periódico.
Uno de los taxistas que fue contactado para realizar este servicio ha asegurado que es la Fundación San Juan de Dios, que gestiona el centro de destino, quien realiza todos los trámites pertinentes: el contacto con los conductores y el pago de los 750 euros por el viaje. Esta entidad sin ánimo de lucro recibió durante el año 2023 casi 600.000 euros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 200.000 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y alrededor de dos millones de euros procedentes de distintos gobiernos autonómicos —Canarias, Madrid, Castilla y León y Andalucía—.
Desde verano, esta entidad tiene en marcha un Programa de Atención Humanitaria para ofrecer una «acogida de emergencia a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad». Para ello, abrió en julio un nuevo centro en el Chalé del Pozo —un antiguo hotel cerrado en 2013— que está en ubicado en Villarrodrigo de las Regueras (Villaquilambre, León). La acogida de estas personas, mayores de edad y procedentes principalmente de Senegal y Mali, asegura la Fundación, es una iniciativa impulsada y financiada desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.
El uso de miles de euros en el traslado de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias a diferentes puntos de la Península no es una novedad, pero llama la atención que se elija este método para el transporte de estas personas pese a su alto coste cuando existen alternativas de desplazamiento más baratas.
«Tenemos constancia de que hasta ahora se han realizado tres de estos viajes, pero sospechamos que se está haciendo uno a la semana. Hoy (miércoles) hemos grabado otra llegada», aseguran las fuentes consultadas por LA GACETA.
Otro de los detalles que se pueden comprobar en el vídeo que acompaña esta noticia es que, lejos de los «menores» que se mencionan con frecuencia en los discursos oficiales para justificar el traslado y acogida de estas personas, quienes descienden del vehículo que llega a León son hombres adultos. «Se nos olvida que son niños y niñas, adolescentes», aseguró en julio el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando anunció que la región acogería a los inmigrantes que le correspondían en el reparto autonómico propuesto por el Gobierno.
