El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado acogerse a una medida temporal establecida por la Unión Europea que permite a los Estados miembros restablecer el control fronterizo en sus fronteras interiores ante amenazas graves al orden público o la seguridad interior. Esta herramienta, prevista en el Código de Fronteras Schengen, ha sido activada recientemente por numerosos países europeos como respuesta al aumento de la inmigración ilegal, el riesgo de infiltraciones terroristas o el colapso de sus sistemas de asilo.
Mientras países como Alemania, Francia, Italia, Austria, Polonia o los Países Bajos ya han reintroducido controles en sus fronteras interiores, España ha decidido no aplicar esta medida, a pesar del incremento sostenido en las llegadas irregulares y la presión creciente sobre sus infraestructuras y servicios públicos. En total, más de una decena de Estados miembros han notificado oficialmente a la Comisión Europea su decisión de volver a implantar controles, alegando razones de seguridad nacional, amenazas híbridas o riesgo de tráfico de personas y armas.
El Código Schengen contempla distintos escenarios que justifican la reintroducción de controles, desde eventos previsibles como grandes concentraciones hasta amenazas súbitas que requieran una acción inmediata. Incluso permite prolongar dichos controles hasta seis meses, e incluso más, en función del contexto y de las circunstancias excepcionales.
En el caso español, el Ejecutivo no ha emitido ninguna comunicación oficial a Bruselas solicitando activar esta prerrogativa, pese a los antecedentes registrados en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla o ciertas zonas del litoral peninsular, donde los flujos migratorios han llegado a colapsar servicios de acogida y generar preocupación entre las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, países como Dinamarca o Suecia han justificado la reintroducción de controles por riesgos de atentados vinculados al terrorismo yihadista y la actividad de redes criminales organizadas. Otros, como Eslovenia o Austria, argumentan que el tráfico de armas, la trata de personas y el impacto de la guerra en Ucrania han elevado el nivel de alerta interna.
El Ejecutivo español, sin embargo, ha optado por mantener abiertas sus fronteras interiores dentro del espacio Schengen, incluso en un contexto europeo marcado por la preocupación por la seguridad y el auge del extremismo violento. Una decisión que, para algunos analistas, responde más a criterios políticos que a una evaluación objetiva del riesgo.
