El Gobierno de Pedro Sánchez ya menciona directamente la cruz y la Basílica del Valle de los Caídos como dos de sus principales objetivos a profanar. Así lo recoge el acta nº1 del jurado del concurso de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, donde el Ejecutivo detalla los elementos concretos que forman parte del plan de transformación del enclave, entre ellos la propia Basílica y la gran cruz que preside el monumento.
El documento, fechado el 23 de julio de 2025 y al que ha tenido acceso LA GACETA, fija la constitución del jurado encargado de evaluar los proyectos. En él participaron representantes de distintos ministerios, de Patrimonio Nacional, del Colegio de Arquitectos, así como de asociaciones vinculadas a la memoria histórica. No obstante, la Iglesia Católica ha decidido no formar parte del proceso, dejando vacante su asiento en el jurado. Según recoge el acta, la Santa Sede se ha negado a avalar este procedimiento al considerar que el derecho canónico impide cualquier implicación en una iniciativa que afecte al carácter sagrado de la Basílica. Además, cabe destacar que será un amigo de la infancia de Sánchez quien presida el jurado que decidirá el futuro del Valle de los Caídos.
El texto detalla las funciones del jurado, los criterios de valoración y el alcance de la intervención, entre los que se incluye expresamente la cruz monumental y el templo. Este punto, el 5.5, es el que confirma la voluntad del Ejecutivo de Sánchez de actuar sobre los símbolos religiosos más visibles del Valle de los Caídos, algo que hasta ahora se había evitado mencionar de forma tan directa en los planes oficiales.
La decisión del Gobierno supone un giro en la estrategia sobre este histórico monumento. Hasta la fecha, las medidas más relevantes habían girado en torno a las exhumaciones de restos y la transformación del recinto en un espacio de memoria democrática. Sin embargo, la inclusión de la cruz y de la Basílica en el concurso de ideas abre la puerta a actuaciones de mucho mayor calado simbólico, que podrían alterar de manera irreversible la fisonomía del monumento.
El acta también confirma la existencia de recursos económicos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que significa que parte de los fondos europeos podrían ser utilizados para financiar las obras de resignificación. Este hecho ha despertado recelos en varios sectores que consideran inaceptable emplear dinero comunitario en un proyecto que no se limita a cuestiones patrimoniales, sino que afecta directamente a la libertad religiosa y al patrimonio cultural protegido.
