El Gobierno central ha rechazado conceder los fondos no reembolsables solicitados por la Generalidad Valenciana para hacer frente a la crisis financiera que atraviesa la comunidad tras los devastadores efectos de la DANA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha argumentado que estos recursos están vinculados a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una postura que se mantiene inamovible pese a las reiteradas peticiones de ayuda de la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, quien envió dos misivas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La Generalidad había solicitado 31.000 millones de euros para cubrir los gastos extraordinarios derivados de los contratos de emergencia y las ayudas directas destinadas a los afectados por la triple riada del pasado 29 de octubre. Sin embargo, la negativa del Gobierno agrava aún más la ya precaria situación financiera de la comunidad, que, como recordó la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, es la autonomía «peor financiada de España».
Camarero reconoció que «la caja de la Generalidad está al límite», una situación que no es nueva, pero que se ha intensificado debido a la necesidad de abordar de manera inmediata los problemas de las personas y empresas damnificadas. «Hemos estado en negociaciones con el Gobierno de España y seguiremos insistiendo en los próximos días para lograr una respuesta que permita que las ayudas lleguen a quienes las necesitan», afirmó.
El problema financiero de la Generalidad tiene raíces estructurales, vinculadas al déficit histórico de financiación autonómica, y coyunturales, relacionadas con el impacto económico de la DANA. La vicepresidenta subrayó que «antes de la DANA ya estábamos en una posición complicada, pero este golpe ha obligado a redoblar los esfuerzos y priorizar a los afectados».
Durante la gestión de la pandemia de Covid-19, la Generalidad, entonces liderada por Ximo Puig, recibió fondos no reembolsables del Gobierno central. Ahora, el actual Ejecutivo autonómico esperaba un trato similar para afrontar esta nueva emergencia. Sin embargo, la negativa del Gobierno central deja en el aire cómo se financiarán los gastos crecientes derivados del desastre natural, una situación que aumenta la incertidumbre en los municipios afectados y pone en jaque la capacidad de respuesta de la Administración autonómica.
