El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando la documentación con la que va fundamentar el procedimiento para la prohibición de la Fundación Francisco Franco (FNFF) y contempla incluso solicitar la suspensión provisional de las actividades de la entidad en el marcó de la persecución gubernamental a las entidades que disientan de su «verdad oficial» en materia histórica.
Así se desprende de la respuesta que el Ejecutivo ha enviado al diputado de ERC Francesc Marc Álvaro, quien solicitó más detalles sobre este asunto después de que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegurara en el Pleno del Congreso que confiaba en que todo el proceso para que el Gobierno pudiera instar la extinción de la FNFF estuviera concluido «en el presente ejercicio».
En su respuesta escrita a Álvaro Vidal, el Gobierno señala ahora que, «después de recabar y analizar elementos jurídicos e históricos», departamento que dirige Ángel Torres va a remitir de «forma inminente» a Cultura el oportuno informe en el que avala el inicio de procedimiento contra la entidad.
La FNFF ya reiteró que tiene un compromiso no sólo con sus fundadores y benefactores, sino «con la verdad y con España», y que se dejará la «piel» en la defensa de su derecho a difundir «la verdad sobre una figura y una etapa histórica frente a la constante y grosera manipulación de la que es objeto por un Ejecutivo que ha hecho de la mentira su bandera».
En este sentido, critica la «obsesión» del Ejecutivo por tergiversar la figura de Franco y la historia de España, e insiste en su deber de «difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Franco, en su dimensión humana, militar y política«, y «el estudio y el conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977».
