Según los datos oficiales acumulados en los últimos meses, el número de migrantes remitidos como supuestos menores extranjeros no acompañados pero que en realidad eran adultos roza ya los 700 casos, una cifra que confirma el colapso del sistema autonómico de protección de menores. Las derivaciones procedentes del Gobierno central se han realizado sin que se verificara la edad de estas personas antes de su traslado a la Península, lo que ha obligado a Andalucía a asumir su ingreso inmediato en centros destinados exclusivamente a menores vulnerables.
A comienzos de año ya se habían identificado 567 personas enviadas como menores sin comprobación previa de edad. Estas cifras, constatadas en febrero, iban acompañadas de un coste económico superior a 16,8 millones de euros, derivados de la atención integral que exige la normativa de protección de menores. Desde entonces, lejos de corregirse la situación, el número total ha aumentado más de un 23% y se sitúa cerca de las 700 personas.
La situación se agrava aún más con el reparto obligatorio impuesto a las comunidades por el Real Decreto aprobado por el Gobierno a comienzos de 2025. Ese mecanismo, que redistribuye a los menores llegados a Canarias y Ceuta, ha obligado a Andalucía a asumir una de las mayores cargas del país. Este reparto se encuentra actualmente judicializado por «invasión de competencias» y por la falta de un sistema financiero claro que cubra los costes reales de la sobreocupación.
Meses después de las primeras advertencias, los datos confirman que la dinámica no sólo se mantiene, sino que se ha intensificado. Andalucía recibe más adultos enviados como falsos menores, los centros siguen desbordados y la verificación de edad continúa sin realizarse en origen. La falta de coordinación institucional y la ausencia de una política migratoria seria por parte del Gobierno central han dejado a la región en una situación límite: gestionar como menores a casi 700 personas que nunca debieron ser tratadas como tales.
