Un tercio de las pruebas que se han realizado a menas para determinar su edad desvelan que son mayores de edad, según los datos correspondientes a 2024 en la Comunidad de Madrid. Los informes consultados por Vozpópuli revelan que de las 102 evaluaciones efectuadas ese año, en 29 casos se concluyó que la persona que se presentaba como menor era, en realidad, adulta.
La cifra acumulada en los dos últimos ejercicios asciende a 48 detecciones, ya que durante 2025 se han identificado otros 19 supuestos menores que superaban los 18 años. No obstante, estos números representan un porcentaje muy reducido respecto al total de menores extranjeros tutelados: más de 3.000 entre 2024 y 2025. Sólo en 2024, la Comunidad de Madrid atendió a 2.442 menas, de los cuales apenas un 4% fue sometido a las pruebas científicas de verificación de edad.
Hasta fechas recientes, la Administración autonómica recurría a estas pruebas únicamente cuando el joven estaba implicado en algún delito. En tales situaciones, la Fiscalía solicitaba una valoración forense para determinar si debía ser juzgado conforme a la legislación penal de adultos o ante los tribunales de menores. Uno de los casos que desató mayor polémica fue el del autor de una agresión sexual a una niña de 14 años en Hortaleza: tras su arresto, los especialistas determinaron que tenía 23 años, pese a haberse presentado como menor.
Las pruebas utilizadas en estos procesos suelen combinar estudios radiológicos —especialmente de clavícula y mano— con entrevistas psicológicas y análisis documental, si existe. Aunque estos métodos tienen márgenes de error de varios años, los forenses elaboran intervalos de edad y, ante la duda, se aplica el criterio protector recomendado por organismos internacionales: si no se puede afirmar al 100% que es adulto, se considera menor.
A raíz de los últimos incidentes, el Gobierno madrileño ha decidido modificar su criterio y ampliar el uso de estas pruebas. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha adelantado que denunciarán ante la Fiscalía a todos los menores no acompañados que, a juicio de los servicios sociales, muestren indicios de ser mayores de edad. Dávila califica esta situación de «fraude de ley» y sostiene que su detección precoz permitirá liberar recursos esenciales para jóvenes verdaderamente vulnerables.
El impacto económico también tiene peso en esta decisión. Los programas de tutela y acogida de menores extranjeros no acompañados suponen un gasto anual que ronda los 25.000 euros por menor. Detectar a tiempo a los adultos que se hacen pasar por menores, afirma la consejera, evita desviar recursos y protege el funcionamiento del sistema.
