El Gobierno ha aprobado este martes una nueva convocatoria del Bono Cultural Joven, dotado con hasta 400 euros por beneficiario, que este año podrán solicitar también jóvenes solicitantes de asilo, personas acogidas a protección temporal y extranjeros extutelados que se encuentren tramitando su permiso de residencia.
La medida, impulsada por el Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, fue aprobada por el Consejo de Ministros y estará dirigida, como en ediciones anteriores, a quienes cumplan 18 años durante el año de la convocatoria.
La ministra portavoz, Elma Saiz, defendió la ampliación de los beneficiarios al asegurar que, cuatro años después de su puesta en marcha, el Ejecutivo considera que el bono ha demostrado ser una herramienta «útil» y una de las políticas culturales «más reconocidas» y mejor valoradas por los jóvenes.
«Este año se amplía y refuerza el alcance social de la medida», afirmó Saiz, al explicar que podrán acceder al bono no sólo los jóvenes españoles o residentes en situación ordinaria, sino también solicitantes de protección internacional, personas acogidas a protección temporal y extranjeros extutelados que estén pendientes de obtener su autorización de residencia.
El Bono Cultural Joven nació como una medida vinculada al impacto de la pandemia del COVID-19 y desde entonces se ha consolidado como una de las políticas estrella del Ministerio de Cultura. La ayuda permite destinar hasta 400 euros a la adquisición de productos, servicios y actividades culturales.
La decisión del Gobierno vuelve a ampliar el radio de una política pública financiada con dinero de todos los contribuyentes y la extiende a colectivos extranjeros que todavía se encuentran en proceso de regularización administrativa. En la práctica, el Ejecutivo incorpora al sistema de ayudas culturales a personas cuya residencia aún está en trámite, bajo el argumento de reforzar el alcance social de la medida.
La ampliación llega en plena ofensiva del Gobierno para flexibilizar la integración administrativa de extranjeros y en un contexto marcado por la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
