El Gobierno ha recurrido a la vía de emergencia para contratar por 309.209,93 euros el servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Acogida de Protección Internacional de Alcobendas, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La medida aparece recogida en la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes. El Ejecutivo se limita a informar de que ha tomado razón de la declaración de emergencia, pero no explica qué circunstancia concreta obliga a contratar el servicio mediante este procedimiento excepcional.
La ausencia de explicaciones resulta relevante porque la tramitación de emergencia permite a la Administración prescindir de buena parte de los controles y plazos que rigen en una licitación ordinaria. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público reserva esta vía para aquellos casos en los que sea necesario actuar de inmediato ante acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades relacionadas con la defensa nacional.
En estos supuestos, el órgano responsable puede ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias sin tramitar previamente un expediente ordinario de contratación. El carácter excepcional de este mecanismo exige que la Administración motive la urgencia y concrete las actuaciones que pretende cubrir.
Sin embargo, la información difundida por La Moncloa no identifica ningún incidente, amenaza o problema de seguridad registrado en el centro de Alcobendas. Tampoco precisa la duración del servicio, el número de vigilantes contratados, la empresa seleccionada ni el periodo al que corresponde el importe de 309.209,93 euros.
El centro está integrado en la red pública estatal de acogida y atiende a solicitantes y beneficiarios de protección internacional y a otros colectivos incluidos en los programas de asilo. Entre sus funciones se encuentran el alojamiento, la manutención, la asistencia social y psicológica y la orientación para la integración laboral.
La decisión del Consejo de Ministros abre así varias incógnitas sobre la situación en el recinto. El Gobierno no aclara si la contratación responde a un aumento de la ocupación, a la finalización imprevista de un servicio anterior, a la necesidad de reforzar la vigilancia o a la existencia de algún riesgo concreto.
Tampoco consta en la referencia pública si el Ministerio intentó contratar previamente el servicio mediante un procedimiento abierto. Otros servicios destinados al mismo centro sí han sido licitados durante 2026 por la vía ordinaria. La Dirección General de Gestión Migratoria, por ejemplo, convocó en enero un contrato para el mantenimiento integral del edificio y sus instalaciones durante doce meses, prorrogables hasta otros 36.
