El Gobierno de Pedro Sánchez ha desautorizado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras su anuncio del martes sobre un acuerdo para «derogar» la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, conocida como ley mordaza. Tanto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han rebajado las afirmaciones de Díaz durante la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros.
Alegría, con una ficha preparada en mano, afirmó: «Sí que vamos a abordar la modificación de esa ley mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias», lo que muestra el deseo de Moncloa de precisar la cuestión. También mencionó las negociaciones con los socios parlamentarios, aún inciertas debido a desacuerdos previos con ERC y Bildu sobre temas como los instrumentos antidisturbios y las devoluciones de inmigrantes, que frustraron un acuerdo al final de la legislatura pasada. «Entenderán que estos pasos son necesarios», añadió, aludiendo a la importancia de la negociación con los distintos grupos parlamentarios.
La vicepresidenta Montero también se refirió a las «dificultades de tramitación con algunos grupos parlamentarios», señalando que se están solucionando mediante «acuerdos» con esas formaciones, cada uno enfocándose en materias consideradas esenciales o muy importantes por dichas formaciones.
Con el socio de coalición, Sumar, Montero precisó que «estamos hablando de los delitos de injurias y calumnias, de la parte de la ley mordaza relacionada con la libertad de expresión. Por eso está en el paquete de regeneración democrática; otras partes de la ley mordaza se están discutiendo con otros grupos».
Este miércoles, como estaba previsto, el presidente Sánchez comparecerá en el pleno del Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras del plan de regeneración, que también afectará a los medios de comunicación.
