El Gobierno de Pedro Sánchez está elaborando un anteproyecto de ley que busca “proteger el derecho al honor”, intentando declarar como “ilegítimas” ciertas grabaciones, como las reveladas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha desvelado The Objective, este anteproyecto de ley orgánica será analizado este jueves por la tarde en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS), que se reúne semanalmente en Moncloa, con la intención de que el Consejo de Ministros lo apruebe próximamente.
El artículo 7 del proyecto define varios «casos de intromisión ilegítima» en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El primero de estos supuestos prohíbe el «emplazamiento en cualquier lugar o la utilización de sistemas de escucha, dispositivos ópticos u otros medios capaces de captar, grabar o reproducir la vida privada de las personas». Además, en uno de los apartados se establece la posible invalidez de grabaciones o métodos empleados para obtener «comunicaciones privadas, memorias u otros escritos o grabaciones personales» sin consentimiento.
El texto también pretende invalidar como pruebas legales la captura, almacenamiento o difusión no autorizada de la imagen o voz de una persona en su vida privada o fuera de ella, así como el uso de su nombre o imagen con fines comerciales o publicitarios. En total, el proyecto enumera ocho supuestos que constituyen intromisión ilegítima, incluyendo la imputación directa o indirecta de hechos o juicios que «dañen la dignidad o reputación de una persona» y la difusión de información falsa.
A diferencia de la Ley Begoña, impulsada en enero por el grupo socialista para limitar la actuación de las acusaciones populares, esta iniciativa parte directamente del Ejecutivo, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros, justo un día antes de la declaración ante el Tribunal Supremo del ya exsecretario de Organización, Santos Cerdán.
