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Tras la reforma del delito de sedición

El Gobierno marca el camino hacia un nuevo referéndum en Cataluña bajo la mentira de la «armonización»

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta. Europa Press

La reforma del delito de sedición, anunciada por Pedro Sánchez, es una modificación del Código Penal negociada ab initio en la propia investidura del jefe del Ejecutivo, allá por enero de 2020, y que hoy se traduce en pilar del apoyo que Esquerra Republicana de Cataluña brinda al Gobierno, reste lo que reste de legislatura. Bajo el pretexto de una necesaria armonización del tipo penal con el entorno europeo, el líder socialista allana las pretensiones de los secesionistas en plena campaña preelectoral.

El PSOE y Podemos registraron el pasado viernes una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición, con condenas de entre los 10 a los 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación; por otro de “desórdenes públicos agravados”. El nuevo tipo rebajaría la pena máxima a cinco años de prisión y hasta un máximo de ocho años de inhabilitación especial para cargo público.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, le dio nombre a la conculcación del Código Penal: «Europeización». El argumento de pertenencia a este organismo supranacional se vendió como la panacea, pero poco o nada se acerca a la realidad. Como los tipos penales no siempre reciben la misma denominación en todos los países, políticos y periodistas han argüido durante los últimos días que el delito de sedición no existe en los países europeos vecinos. Sin embargo, hasta cinco naciones disponen no sólo de regulaciones similares a la española, sino que, además, cuentan con penas mucho más elevadas para este delito de alta traición.

En Alemania, de cuya Ley Fundamental de Bonn bebe nuestra Constitución, se castiga con condenas de entre 10 años hasta la cadena perpetua, a quien con fuerza o amenaza de fuerza ataque la existencia de la República Federal o a quien maniobre para alterar o atacar el orden constitucional. Por tanto, no es que no exista el delito de sedición en el país germano, sino que tanto el de sedición como el de rebelión español, para los alemanes se eleva a una «alta traición contra la federación o contra un Estado».

En el caso de Bélgica, su Código Penal entiende la rebelión como «cualquier ataque, resistencia con violencia o amenazas» a autoridades, funcionarios o agentes de la policía «que actúan para la ejecución de las leyes, órdenes u ordenanzas de la autoridad pública, los mandatos de la justicia o los juicios». El delito de sedición de España es legislado por Bélgica como una rebelión agravada que pena las acciones colectivas encaminadas a poner en peligro al Rey, a la Familia Real, al orden sucesorio, o a la conformación del Gobierno o las instituciones del Estado, con una pena pena de prisión de hasta 10 años si el colectivo se organizó e iba armado.

Para Francia el delito de sedición se traduce en unas penas «de especial gravedad», entre las que se contempla la cadena perpetua, para quienes inciten y lideren cualquier tipo de ataque contra los intereses fundamentales de la Nación, véase la integridad territorial del Estado. El delito de resistencia puede llegar hasta los diez años de cárcel si se actúa en grupo y se portan armas, además de otras circunstancias agravantes. Por su parte, Portugal es más conservador que España pues las condenas para las autoridades que traten de separar una parte del territorio nacional pueden llegar hasta los 20 años de cárcel, incluso aunque no se recurra a la violencia expresa, como en el caso de la sedición española.En Italia, el delito de sedición se bifurca en uno de resistencia, con sanciones de hasta cinco años de cárcel, y otro de asamblea, concentración o reunión de carácter sedicioso; con condenas de hasta un mínimo de 12 años en ataques violentos contra la integridad, la independencia o la unidad del país.

Los grandes beneficiados

La reforma en España no persigue la armonización con los demás Estados miembro, sino el contento de los republicanos. De hecho, ERC deseaba la eliminación total del delito de sedición, es decir granjearse una especie de amnistía para los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo. Durante casi tres años, las relaciones entre el Gobierno y ERC han sufrido altibajos, como la casi fallida reforma laboral, el espionaje de Pegasus resuelto con la destitución de la cabeza del servicio secreto CNI, Paz Esteban, o la cita anual con los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, la negociación del tipo penal siempre ha estado sobre la mesa. Con esta concesión de Pedro Sánchez, sería más factible el regreso a España para, por ejemplo, Marta Rovira, la secretaria general de los republicanos, quien lleva cinco años huida en Suiza, al no enfrentarse a una condena de hasta 15 años de cárcel.

Además de otros cargos del núcleo duro de ERC y del entorno de Oriol Junqueras, la modificación legislativa beneficiaría a Carles Puigdemont. Eso sí, a diferencia de Rovira, el expresidente catalán se encuentra también acusado de malversación y, por ende, se enfrentaría a muchos años de cárcel aun con la aprobación de esta reforma. Y he aquí el actual escollo de los republicanos, quienes confían en retocar también este delito en la fase de enmiendas a la reforma del Código Penal en el Congreso.

Un nuevo referéndum tras un nuevo estatuto de autonomía

Ahora bien, la cabeza política de Puidgemont bien podría valer un fin mayor y último. De volver a ser necesario el apoyo de los republicanos al cierre de urnas en los próximos comicios generales, el actual presidente socialista podría guardarse un mejor as en la manga: la convocatoria de un referéndum pactado para Cataluña que llegaría de un nuevo estatuto de autonomía aceptado por la nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional.

Silenciado este posible plan entre socialcomunistas y republicanos, los altavoces mediáticos del Gobierno no han cesado de inyectar a la ciudadanía dos argumentos deleznables en un Estado de derecho donde los ciudadanos se rigen por un pacto social, donde cada español cede la defensa de su persona y de su Patria al mandatario que ocupa el sillón de Moncloa.

De un lado, se ha insistido en que a esta situación se ha arribado por culpa del Partido Popular, ante su órdago de supeditar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a no reformar el bien hallado delito de sedición. De otro, que la conducta grave de esgrimir armas permanecerá como delito de rebelión en el Código Penal. ¿Acaso el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende circunscribir la protección última del Estado al Derecho de excepción, es decir; cuando ya no quede otra opción que un Estado de sitio cuya legislación castrense exija la intervención militar?

Con la derogación del delito de sedición, el Gobierno socialcomunista no armoniza este tipo penal con otros países europeos, sino que moldea un Estado federal para priorizar su supervivencia por encima de la batalla contra el independentismo. Con la gravedad de que se trata de un cáncer conformado por huidos de la Justicia, herederos políticos de aquellos que asesinaban compatriotas y sembraban el terror en la sociedad española y que, hoy, por el mismo fin, dilapidan el maltrecho erario.

El fin pretendido por el Gobierno resulta tan poco loable como su medio, este es, modificar el delito de sedición por la vía de la urgencia. Socialistas y comunistas volverán a virar el rumbo de una cuestión fundamental de Estado sin consultar a los representantes de los ciudadanos, como solía ser costumbre y de obligado cumplimiento hasta antes de la pandemia. La reforma legislativa de este tipo penal vuelve a sacudir el orden sellado en la Carta Magna que, hasta la fecha presente y aún con sus peros, mantenía unido al Estado de derecho español.

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