El Gobierno está a punto de hacer realidad una reforma que permitirá a los presos de ETA convalidar penas cumplidas en otros países. Esto a pesar de que hace dos años, el Ministerio del Interior negó tajantemente que hubiera intenciones de modificar la ley en este sentido, según informa el diario The Objective. Esta modificación fue presentada por Sumar y respaldada por todas las formaciones, sin excepciones, lo que ha desatado un terremoto político.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo, en estado de shock, han expresado su sorpresa y consternación, no sólo por el despiste de la derecha política, sino también por el contraste con lo que el propio Ministerio del Interior afirmó en 2022. En un correo electrónico enviado el 1 de febrero de ese año, la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo aseguró que no había planes para modificar la ley en lo referente a la ejecución de sentencias dictadas en otros países de la Unión Europea. Este correo fue emitido en respuesta a la inquietud generada por un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia, que únicamente afectaba, según el mensaje, al intercambio de información sobre antecedentes penales a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
La Ley Orgánica 7/2014, reformada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento, fue creada con el fin de evitar que una persona cumpliese múltiples penas por un mismo delito en diferentes países de la UE. Sin embargo, esa reforma incluyó una disposición adicional que limitaba su aplicación a sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010. Esta disposición fue crucial para impedir que 69 presos de ETA, que habían cumplido parte de su condena en Francia, se beneficiasen de la ley en ese momento. No obstante, la enmienda de Sumar eliminó esa restricción, permitiendo que los presos de ETA, incluidos algunos condenados por crímenes graves, puedan beneficiarse ahora de la reducción de sus penas si han cumplido parte de ellas en otros países.
El cambio ha generado un gran revuelo, especialmente entre las asociaciones de víctimas, que temen que esta modificación pueda conducir a la liberación de varios etarras, entre ellos Txapote, condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La inclusión de esta enmienda ha sido una demanda histórica de Bildu, uno de los socios del actual Gobierno de coalición, lo que añade un componente de tensión política a la situación.
Desde el Ministerio del Interior, en 2022, se subrayaba que las modificaciones legislativas estaban motivadas únicamente por la necesidad de adaptar la normativa española a una directiva europea sobre la interoperabilidad de bases de datos de antecedentes penales entre los Estados miembros. El objetivo, según Interior, era facilitar la cooperación jurídica en la lucha contra la delincuencia en Europa, creando un espacio común de justicia, libertad y seguridad.
Dos años después de esa declaración oficial, la realidad es bien distinta, con una reforma legislativa a punto de ser aprobada en el Senado que podría permitir a decenas de presos de ETA ver reducidas sus penas. Las víctimas del terrorismo y los partidos políticos ahora intentan entender cómo ocurrió el despiste y qué consecuencias podría tener para el sistema judicial y la memoria de las víctimas del terrorismo.
