El Gobierno no ha dejado clara su posición respecto a la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su marcha por el golpe de Estado separatista de 2017. Una posición medida con el objetivo de «respetar» y no perjudicar la negociación que está en marcha con Junts para la convalidación de varios decretos leyes.
Así lo indican fuentes de Moncloa, que insisten en que están negociando, sentados a la mesa con el partido del expresidente Carles Puigdemont y lo seguirán haciendo «hasta el último minuto».
A pesar de que queda sólo un día para que los decretos se voten en el pleno del Congreso de los Diputados, en el Gobierno son optimistas y confían en llegar a un acuerdo que salve la votación. Por el contrario, dan por perdido el posible apoyo del PP y consideran que el principal partido de la oposición ya ha fijado posición y votará ‘no’.
Al ser cuestionada sobre la posición del Ejecutivo sobre sancionar a las empresas, la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha limitado a repetir que el Gobierno «siempre» da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas.
A pesar de que ha sido preguntada en cuatro ocasiones sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, Alegría no ha llegado a aclarar si el Gobierno rechaza la iniciativa propuesta por Junts, cuyos votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria.
Prudencia para que los acuerdos fructifiquen
«Siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas», se ha limitado a asegurar Alegría, que ha añadido que este Gobierno «se ha caracterizado» tanto en la anterior legislatura como en la actual porque da «seguridad jurídica» a las empresas del país, al ser preguntada al respecto sobre la propuesta de Junts, uno de los socios de investidura del Ejecutivo.
«Echando mano a la propia hemeroteca y de la gestión del Gobierno en la legislatura pasada, damos siempre seguridad jurídica a nuestras empresas, y este ha sido nuestro sello», ha abundado. Fuentes gubernamentales admiten que las palabras utilizadas por la portavoz estaban medidas y defienden que para que los acuerdos fructifiquen es necesaria la prudencia.
Esta misma mañana, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha afirmado que su partido contempla que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña como consecuencia del golpe separatista «puedan ser sancionadas» si no vuelven.
En una entrevista en la cadena SER Cataluña, también ha señalado que las empresas que vuelvan o aquellas que mantuvieron su sede en Cataluña podrían beneficiarse de «incentivos fiscales».
