El Gobierno de España no tiene ni idea del paradero de los 29.000 inmigrantes ilegales que trasladó a la península tras llegar a Canarias en 2023. Estos irregulares se repartieron por toda la península ibérica, pero el ejecutivo no volvió a controlar sus movimientos ni actividades una vez llegaron. Así se desprende de una respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que reproduce The Objective.
Según la misma información, Migraciones sí reconoce en la resolución que en el año 2023 desplazó a 29.000 personas inmigrantes ilegales de las Islas Canarias a la península. También desvela que gastó 60,6 millones de euros para cubrir sus necesidades básicas el pasado año. Esto supone más de 2.000 por cada irregular. Sin embargo, más allá de eso, no se preocupa por su ubicación.
El Gobierno no se encarga de ellos, sino que paga a ONGs como Cruz Roja. Salvamento Marítimo subcontrata su recogida, y, según The Objective, «la entidad tiene varios roles en el negocio económico de la inmigración ilegal». Es decir, cobra grandes cantidades de dinero por presuntamente encargarse de los ilegales que el Estado deja en sus manos.
El ministerio tampoco tiene información sobre las reubicaciones de inmigrantes irregulares, ni que se hace con ellos una vez que acaban las estancias pagadas en hoteles con dinero público. No se elaboran informes sobre el impacto sanitario ni de orden público que provocan estos 29.000 inmigrantes ilegales. Tampoco se estudia cómo afecta su llegada a las localidades a las que se obliga a alojarlos.
Además, en el primer trimestre de 2024, la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias ha aumentado un 630,6% respecto al año mismo período del año anterior.
Tan sólo en la pasada noche, Marruecos interceptó a 118 inmigrantes ilegales que se dirigían a Canarias. Entre ellos tres menores y nueve mujeres, frente a las costas de la ciudad de Tarfaya, en el sur del país. Viajaban repartidos en dos embarcaciones.
