El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aclarar al Congreso cuántos nuevos españoles ha generado la llamada Ley de Nietos ni dónde quedarán inscritos a efectos electorales. La respuesta oficial se apoya en una explicación técnica: los registros no estarían plenamente digitalizados y el sistema no permitiría distinguir con precisión estos expedientes dentro del procedimiento general de nacionalidad por opción.
La justificación resulta difícil de sostener políticamente. El mismo Ejecutivo que dice no poder entregar al Parlamento una radiografía completa del proceso sí exhibe en el exterior cifras masivas de nacionalización. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha situado el volumen en más de 2,45 millones de personas interesadas, más de 1,2 millones de expedientes recibidos en oficinas consulares, 545.000 aprobados y 306.500 inscripciones practicadas en el Registro Civil Consular.
El problema no está sólo en la cifra. Está en lo que esa cifra implica. La nacionalidad española no es un trámite administrativo menor cuando afecta a centenares de miles de personas residentes fuera de España. Supone acceso pleno a derechos civiles y políticos, incorporación potencial al Censo de Españoles Residentes Ausentes y participación en unas elecciones en las que el voto exterior ha recuperado peso tras la supresión del voto rogado.
La Ley de Nietos nace de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. La norma permite optar a la nacionalidad a descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella por el exilio, a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y a hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por leyes anteriores de memoria.
El diseño ha convertido una reparación histórica en una vía de nacionalización masiva. La aplicación práctica de la norma ha ampliado el universo de beneficiarios hasta niveles inéditos, sobre todo en Iberoamérica. Los consulados de Argentina encabezan el volumen de expedientes y el Consulado General de México figura entre los principales puntos de recepción de solicitudes.
El Ejecutivo reconoce la magnitud del fenómeno cuando habla fuera de España. Sin embargo, dentro del Congreso mantiene una respuesta mucho más opaca. En su contestación del 10 de marzo, el Gobierno admitió que la aplicación DICIREG permite extraer datos del sistema de registro y gestión de expedientes, pero añadió que «no individualiza las solicitudes dentro del procedimiento general de adquisición de la nacionalidad por opción».
La segunda excusa es la falta de digitalización. El Gobierno afirma que el nuevo modelo de Registro Civil se implantó en los registros consulares entre el 8 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y en el Registro Civil Central el 19 de mayo de 2025. A partir de ahí, sostiene que «todas las concesiones anteriores a estas fechas no están digitalizadas».
La explicación técnica abre un problema político mayor. Si el Estado no puede separar de forma fiable las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, tampoco puede ofrecer al Parlamento una imagen completa de su impacto real. Y si no puede hacerlo, el control sobre uno de los mayores cambios recientes del cuerpo electoral queda debilitado.
La contradicción es aún más evidente por los precedentes. Moncloa ya difundió en septiembre de 2025 que el Gobierno había concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados y que se habían presentado 876.321 solicitudes en oficinas consulares. Es decir, el Ejecutivo sí dispone de cifras cuando las necesita para defender públicamente la ley, pero evita aportar el desglose completo cuando la exigencia procede del Congreso.
El fondo del asunto no es una disputa estadística, sino el control del censo. Cada nacionalidad concedida a una persona residente en el extranjero puede traducirse en una futura inscripción en el CERA. Ese censo exterior decide escaños en unas elecciones ajustadas y puede alterar equilibrios en provincias donde unos pocos miles de votos bastan para modificar el reparto parlamentario.
La comparación con la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero muestra el salto de escala. Aquella vía produjo 491.177 solicitudes y 373.616 concesiones durante un periodo mucho más largo. La nueva Ley de Nietos ha superado de largo esas cifras en menos tiempo y con una presión consular sin precedentes.
El Gobierno presenta ese despliegue como un acto de reparación. Pero la reparación histórica no elimina la obligación de transparencia institucional. Al contrario: cuanto mayor es el impacto demográfico y electoral de la medida, mayor debe ser el deber del Ejecutivo de informar al Parlamento con datos cerrados, verificables y desglosados.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que requerir al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que el Gobierno amplíe sus contestaciones. El movimiento deja a Moncloa en una posición incómoda: incluso desde la propia Presidencia de la Cámara se ha reclamado una respuesta más precisa ante una materia que afecta directamente a la nacionalidad y al cuerpo electoral.
La opacidad beneficia al Gobierno y perjudica al control democrático. Sin un cuadro completo de solicitudes, concesiones, denegaciones, expedientes pendientes y adscripciones al CERA, el Congreso no puede medir el alcance real de una norma que ya ha movilizado a millones de personas fuera de España.
A día de hoy, el Ejecutivo sigue sin entregar el mapa completo de la Ley de Nietos. Sánchez presume de nuevos nacionales en el extranjero, pero evita explicar al Parlamento cuántos son, dónde votarán y qué impacto tendrá esa nacionalización masiva sobre el censo español.
