El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que no puede precisar cuántas personas han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, pese a que el plazo ordinario para solicitarla expiró el pasado mes de octubre. La explicación oficial apunta a problemas en la digitalización del Registro Civil, que han dejado sin contabilizar las concesiones realizadas durante casi un año.
En sus respuestas parlamentarias, el Ejecutivo admite que la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil ha impedido sistematizar los datos entre julio de 2024 y junio de 2025. Ese periodo coincide con el momento de mayor volumen de solicitudes en un proceso que ha alcanzado cifras sin precedentes.
Según los datos disponibles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, más de 2,3 millones de personas han pedido cita para acogerse a esta vía de nacionalización, y más de un millón tendría ya su expediente en tramitación. Sin embargo, el Gobierno no detalla cuántas nacionalidades se han concedido ni cuántos nuevos ciudadanos se han incorporado efectivamente al censo electoral.
La falta de cifras afecta también a los plazos de resolución. El Ejecutivo no ha aclarado cuánto tiempo tardarán en resolverse los expedientes pendientes, pese a que el procedimiento ya ha alcanzado el límite máximo previsto tras la prórroga de tres años contemplada en la norma.
El volumen de solicitudes se concentra de forma abrumadora en Iberoamérica. El consulado de Buenos Aires acumula alrededor de 645.000 peticiones, seguido de La Habana con 350.000, Ciudad de México con 165.000, la circunscripción de Córdoba en Argentina con unas 125.000 y São Paulo con cerca de 150.000.
La ley permite acceder a la nacionalidad como españoles de origen a hijos y nietos de exiliados, así como a descendientes de brigadistas internacionales. Sin embargo, la aplicación práctica de los requisitos ha ampliado ese marco. En muchos casos no se exige de forma estricta la prueba de persecución política, lo que ha abierto la puerta a descendientes de emigrantes económicos.
El resultado es un proceso de nacionalización masiva del que no existe, a día de hoy, una cifra oficial cerrada. Tampoco hay datos claros sobre su impacto en el censo electoral exterior ni sobre el volumen real de nuevos ciudadanos españoles generados por esta vía.
