Las rutas migratorias hacia España en 2025 han devuelto al primer plano a las nacionalidades magrebíes, con Argelia y Marruecos imponiéndose como los principales orígenes de las llegadas ilegales, un fenómeno que retrotrae las dinámicas a hace tres años, antes de que la explosión de la ruta hacia Canarias diera protagonismo a las nacionalidades subsaharianas del Sahel. Según datos de FRONTEX consultados por LA GACETA y analizados hasta agosto, los magrebíes representan un 38% del total de llegadas por mar y tierra (26% argelinos y 12% marroquíes), un dominio que se acentúa en la Ruta del Mediterráneo Occidental, donde Argelia alcanza un abrumador 52,5% y Marruecos un 16,9%. Esta tendencia, impulsada por redes criminales que lucran con el tráfico de personas, pone en cuestión la narrativa oficial y revela una inmigración ilegal mayoritariamente económica, no motivada por conflictos, sino por la búsqueda de otros alicientes.
La Ruta Atlántica hacia Canarias, aunque liderada por Malí (41,7%), Senegal (23,3%) y Guinea (10,6%), también refleja la presencia magrebí con un 8,8% de marroquíes, mientras que Argelia brilla por su ausencia en esta vía. En contraste, la Ruta del Mediterráneo Occidental a Península y Baleares consolida el dominio magrebí, dejando a Somalia (11,8%) y Malí (4,9%) en un segundo plano. Este resurgimiento magrebí, lejos de conflictos bélicos, sugiere una inmigración guiada por intereses económicos, facilitada por redes que operan desde el norte de África con viajes organizados que rondan los miles de euros, según operativos policiales.
Sin embargo, una realidad aún más alarmante emerge de fuentes de la Guardia Civil, consultadas por este medio, que el Gobierno omite en sus balances e informes del Ministerio del Interior: la abrumadora sobrerrepresentación de hombres. Según estas estadísticas internas, el 87% de los inmigrantes ilegales son varones, las mujeres apenas alcanzan un 7%, y el 6% restante corresponde a menores, donde los varones superan el 90%. Esta desproporción, ausente en los informes oficiales, plantea grandes interrogantes sobre la composición demográfica de los flujos y las políticas migratorias.
La crítica se agudiza al observar que, mientras las nacionalidades sahelianas como Malí o Senegal reflejan en parte crisis regionales, la hegemonía argelina y marroquí –países sin guerras declaradas– apunta a una inmigración motivada por cuestiones puramente económicas. Por su parte, las redes criminales, al priorizar a hombres jóvenes, maximizan beneficios, dejando a mujeres y menores en una minoría expuesta a mayores riesgos. Esta dinámica, combinada con la falta de transparencia gubernamental sobre las estadísticas demográficas, sugiere una gestión deficiente que ignora las implicaciones sociales y de seguridad.
