El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adjudicó dos contratos por un total de 60,7 millones de euros a Minsait, filial de Indra, poco después de que esta desarrollara el software Transforma TSC para la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid. Los contratos, otorgados en mayo de 2023, están relacionados con servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos para la Seguridad Social y fueron firmados por Carlos Escudero Rivas, según adelanta El Debate.
El primero de los contratos, valorado en 46,7 millones de euros, y el segundo, de 14 millones, fueron adjudicados a Minsait en colaboración con las empresas Solutia y Babel. Antes de estas adjudicaciones, Minsait tenía una presencia limitada en los contratos públicos, habiendo obtenido solo uno de 135.000 euros desde que Sánchez llegó a la presidencia. Este cambio repentino de circunstancias está bajo la lupa, ya que los fondos públicos utilizados para desarrollar el software ahora son parte de una investigación judicial.
La herramienta Transforma TSC, creada para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, fue registrada a título personal por Begoña Gómez, pese a que un convenio firmado entre Minsait y la cátedra en septiembre de 2022 prohibía expresamente esta acción. En el registro de la Oficina de Marcas y Patentes, aparece como propietaria y se detalla como sede de la marca un inmueble en Pozuelo de Alarcón, antigua residencia de Sánchez y Gómez. Este registro irregular ha llevado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a investigar a Gómez por presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, que se suman a las imputaciones previas por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez Juan Carlos Peinado también está analizando el papel de una asesora de Moncloa que supuestamente facilitó las gestiones de Gómez en este proyecto. Las conexiones entre Minsait y la administración han despertado dudas, especialmente porque la empresa apenas había contratado con el sector público antes de estos acuerdos. Ahora, el software, los contratos y las implicaciones legales conforman el epicentro de una investigación que cuestiona la relación entre fondos públicos y proyectos privados vinculados a la esposa del presidente.
