Las Islas Canarias siguen siendo la puerta de entrada principal para la inmigración ilegal en España. En este escenario, LA GACETA ha accedido contratos adjudicados por el Gobierno a la ONG ACCEM para gestionar traslados aéreos de inmigrantes desde el archipiélago a la Península. Estos documentos desvelan un gasto total de 13.622.400 euros para mover a un total de 42.570 inmigrantes ilegales. Todo ello bajo el paraguas de «emergencia imprevisible», un mecanismo que permite adjudicaciones directas sin competencia abierta, pero que plantea serias dudas sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de fondos estatales.
Estos contratos forman parte del Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ampliado repetidamente a través de resoluciones publicadas en el BOE. Comenzaron con una declaración de emergencia en octubre de 2023, seguida de seis ampliaciones hasta noviembre de 2024. Se amparan en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que justifica procedimientos acelerados ante «extrema urgencia» por eventos imprevisibles. Sin embargo, informes internos de la Guardia Civil consultados por este medio ponen de manifiesto que las llegadas ilegales no son imprevisibles y responden a un efecto llamada, generado en gran parte por acciones como estos traslados en avión de inmigrantes que han llegado por la vía de la ilegalidad al archipiélago canario. A su vez, estas entradas ilícitas generan acumulaciones en macrocentros como Las Raíces en Tenerife, donde los inmigrantes esperan meses para que se admitan sus solicitudes de asilo. Es en este punto donde entran los contratos, que no responden a llegadas inmediatas, sino a colas burocráticas que saturan las islas y justifican gastos recurrentes.
La adjudicación mayoritaria a ACCEM resalta una dependencia del Estado en esta ONG, que opera desde Madrid. Cada contrato cubre la coordinación, gestión y acompañamiento de traslados aéreos, exentos de IVA y sin financiación de la UE. El coste por inmigrante es siempre el mismo: 320 euros. Este monto solo abarca los servicios de ACCEM; no incluye billetes de avión ni tasas aeroportuarias, que podrían duplicar o triplicar el gasto total por inmigrante fletado, según estimaciones derivadas de informes de la Guardia Civil sobre operaciones similares en la ruta atlántica.
Los plazos de ejecución, que se extienden desde finales de 2023 hasta marzo de 2025, reflejan una fragmentación operativa; periodos cortos y reactivos, alineados con picos de saturación en las islas. El expediente más cuantioso coincide con el récord de llegadas en el último trimestre de 2023, mientras que los de 2025 indican una continuidad en el programa hasta 2026. En conjunto, ACCEM ha percibido 13,6 millones de euros por estos servicios.
La operativa de ACCEM no ha cesado. Datos de AENA, a los que LA GACETA ha tenido acceso, muestran que en el primer trimestre de 2025 se efectuaron al menos 53 vuelos especiales desde Tenerife Norte (TFN) y Gran Canaria (LPA) hacia Madrid (MAD), transportando a 10.518 inmigrantes. ACCEM estuvo involucrada en 24 de estos vuelos (el 45%), coordinando 4.859 traslados —el 46% del total—. Aplicando el mismo esquema de 320 euros por inmigrante, esto podría haberle generado alrededor de 1,55 millones de euros adicionales. Estos operativos coinciden temporalmente con los contratos de 2025, reforzando el rol central de ACCEM en una cadena que mantiene una periodicidad semanal.
Los vuelos, en su mayoría chárter, exhiben patrones claros: picos en jueves y viernes, con predominio desde Tenerife, ligado posiblemente a centros como Las Raíces. ACCEM opera sola en cerca de la mitad de sus intervenciones, pero colabora frecuentemente con otras entidades, destacando Cruz Roja, que aparece en 23 vuelos y domina en Gran Canaria. Juntas, gestionan más del 70% de los traslados, configurando un oligopolio en la gestión de la inmigración ilegal en España.
