En un escandaloso derroche de fondos públicos que pone en evidencia la preferencia del Gobierno por externalizar la crisis migratoria descontrolada a entidades privadas, LA GACETA ha accedido en exclusiva a nuevos documentos que completan el panorama revelado en nuestra anterior investigación. A los más de 13 millones de euros pagados a la ONG ACCEM por el traslado en aviones de 42.500 inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península, se suman ahora más de 70 contratos adicionales adjudicados de manera preferencial para la acogida y gestión de estos mismos flujos en territorio peninsular. El montante total asciende a más de 74,6 millones de euros, destinados a manejar más de 42.000 plazas de inmigración ilegal entre 2023 y 2025, con un coste medio por inmigrante asistido que ronda los 1.777 euros.
Según la información exclusiva obtenida por este medio, a través de un total de 74 contratos —adjudicados en su mayoría bajo procedimientos de emergencia negociados sin publicidad ni competencia real— cubren un abanico integral de servicios que facilitan el traslado, la acogida y la permanencia de estos inmigrantes ilegales. ACCEM, la entidad beneficiaria recurrente, se encarga no sólo del transporte aéreo y terrestre, sino también del alojamiento temporal en recursos de emergencia, la manutención diaria, el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, las medidas de salubridad y seguridad, el acompañamiento social e información personalizada, la traducción e interpretación en diversos idiomas, y la atención médica básica. En resumen, un paquete completo financiado con dinero de los contribuyentes que parece diseñado para perpetuar la llegada masiva en lugar de frenarla en origen.
El análisis detallado de estos documentos muestra que el Gobierno ha inyectado aproximadamente 61,6 millones de euros en estos 74 contratos para la gestión de unas 42.000 plazas de acogida, cifras que coinciden estrechamente con los 42.500 traslados aéreos ya desvelados. Esto confirma que ACCEM no sólo desplaza a estos inmigrantes, sino que también se encarga de su atención posterior, cerrando un ciclo de dependencia de fondos públicos.
Estos acuerdos, justificados bajo la «declaración de emergencia» por las llegadas a las costas canarias y amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, abarcan principalmente el año 2024, con extensiones desde finales de 2023 hasta 2025. Sin embargo, la opacidad en las adjudicaciones —con una sola oferta en la mayoría de los casos y sin participación de pymes— genera interrogantes sobre posibles favoritismos y la falta de transparencia en el uso de dinero público.
Fuentes consultadas por LA GACETA alertan de que esta dinámica persiste en 2026. A pesar de no haber transcurrido ni un mes del año, ACCEM ya ha participado en el traslado de cientos de inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península, sugiriendo que el flujo —y el gasto asociado— no muestra signos de ralentizarse. Este patrón no solo agrava la presión sobre los recursos locales, sino que envía un mensaje equivocado a las mafias de la inmigración, incentivando más pateras y cayucos a costa del erario público.
