El Gobierno ha reservado 80.000 euros en gratificaciones extraordinarias para el personal de la Delegación del Gobierno en Ceuta después de la gestión de la invasión migratoria de los días 30 y 31 de julio. La partida figura expresamente en el Real Decreto-ley 22/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre para afrontar las consecuencias de la crisis que todavía atraviesa la ciudad autónoma.
El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado contempla un total de 299.493,86 euros en gastos extraordinarios de personal a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. De esa cantidad, 219.493,86 euros se destinan al nombramiento de personal interino para reforzar la Oficina de Extranjería y los otros 80.000 euros irán a gratificaciones extraordinarias para trabajadores de la propia Delegación.
El artículo 25 concreta además la finalidad de esta última partida. El Ejecutivo autoriza un suplemento de crédito de 80.000 euros destinado a financiar gratificaciones por los servicios extraordinarios prestados por el personal de la Delegación, que considera necesarios para afrontar las cargas de trabajo generadas por la situación de emergencia en Ceuta. La dotación tiene carácter excepcional y sólo puede emplearse para esa finalidad.
La decisión adquiere especial relevancia después de que la desclasificación de los informes sobre la invasión haya situado precisamente a la Delegación del Gobierno en el centro de las contradicciones sobre los avisos recibidos antes del 30 de julio.
Los documentos publicados esta semana por Moncloa han revelado que el Centro Nacional de Inteligencia mantuvo contactos con la Delegación en las horas anteriores a la entrada masiva. Entre ellos figura el mensaje enviado el 29 de julio al jefe de gabinete del delegado en el que se hacía referencia a una convocatoria en redes sociales para un «asalto por valla y mar» al día siguiente.
El propio delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha reconocido ahora que aquel mensaje llegó a su jefe de gabinete y que éste no le trasladó su contenido. Pérez Triano sostiene, sin embargo, que aquella comunicación no constituía una alerta formal del CNI y que no aportaba información nueva respecto a la presión migratoria que ya conocían las autoridades.
El representante del Gobierno ha defendido que las verdaderas alertas de Inteligencia siguen otros conductos y son remitidas a las instancias correspondientes de Interior o Defensa. También ha asegurado que no piensa dimitir y ha defendido la actuación tanto de la Delegación como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la crisis.
La revelación de esas comunicaciones contrasta con la versión mantenida durante semanas sobre la inexistencia de avisos capaces de anticipar lo que estaba a punto de suceder. Los documentos desclasificados muestran que distintos organismos habían detectado movimientos, convocatorias y un aumento de la presión sobre Ceuta antes del 30 de julio, aunque el Gobierno sostiene que ninguno permitió prever la dimensión final de la invasión.
El Ejecutivo cifra actualmente en torno a 80.000 las personas que entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. La cifra fue elevada oficialmente por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el pasado 10 de agosto.
Pese a las dudas abiertas ahora sobre el funcionamiento de la cadena de información previa al asalto, el mismo departamento que dirige Torres ha aprobado las gratificaciones extraordinarias para el personal que tuvo que gestionar sus consecuencias.
Los 80.000 euros de gratificaciones son independientes de los 219.493,86 euros destinados a contratar funcionarios interinos para la Oficina de Extranjería. En este último caso, el Ejecutivo señala expresamente que el refuerzo responde a la acumulación extraordinaria de expedientes urgentes relacionados con la reubicación de menores.
El BOE, sin embargo, no especifica qué trabajadores concretos recibirán las gratificaciones de 80.000 euros ni qué cantidad corresponderá a cada uno. Por tanto, no puede afirmarse por ahora que entre los beneficiarios se encuentren Pérez Triano, su jefe de gabinete o cualquiera de los responsables que participaron en las comunicaciones previas a la invasión.
