El proceso de regularización masiva impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede convertirse también en una importante fuente de ingresos para el Estado.
La tasa de 38,28 euros exigida para tramitar cada expediente permitiría al Gobierno recaudar entre 20 y 40 millones de euros, según las estimaciones trasladadas por la Federación Española de Municipios y Provinias (FEMP), mientras los ayuntamientos denuncian que están asumiendo en solitario el coste administrativo y social del proceso.
La polémica ha aumentado en las últimas semanas por el colapso que la regularización está provocando en numerosos servicios municipales. Los consistorios denuncian que el Ejecutivo les ha trasladado la carga burocrática sin dotación económica adicional y sin planificación previa, obligándoles a reforzar plantillas, ampliar horarios y asumir gastos extraordinarios para atender la avalancha de solicitudes.
La portavoz de la Junta de Gobierno de la FEMP y alcalde de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado que el Gobierno cobre una tasa a inmigrantes que el propio Ejecutivo considera personas en situación de vulnerabilidad. «No se entiende que se le quiera cobrar a gente que, en teoría, es vulnerable», ha señalado, al tiempo que ha denunciado que mientras los ayuntamientos incrementan el gasto social, el Estado obtiene ingresos directos con el procedimiento.
Los ayuntamientos también denuncian que el Gobierno ha descargado sobre servicios sociales municipales y entidades del Tercer Sector gran parte de la responsabilidad para certificar esas situaciones de vulnerabilidad. Desde la FEMP reclaman aclaraciones al Ministerio y advierten de que muchas de estas personas deberían estar bajo el sistema estatal de protección internacional y no bajo la tutela de los consistorios.
En paralelo, varios alcaldes alertan del impacto económico que esta situación tendrá sobre las administraciones locales y autonómicas. Sostienen que, una vez regularizados, muchos inmigrantes pasarán a acceder a prestaciones públicas, ayudas sociales y servicios financiados por comunidades autónomas y ayuntamientos, mientras el Gobierno central evita asumir parte de esos costes.
Desde Zaragoza denuncian además la falta de plazas estatales para inmigrantes con derecho a protección internacional. Según explica Chueca, existen centenares de plazas sin utilizar mientras numerosas personas permanecen durmiendo en la calle o acuden a albergues municipales saturados.
La FEMP exige que el decreto vaya acompañado de una memoria económica que cuantifique el gasto real que deberán asumir el resto de administraciones. Los municipios denuncian que el Ejecutivo ha puesto en marcha el proceso «de golpe y porrazo», con apenas unas semanas para tramitar expedientes masivos y sin financiación adicional para cubrir el refuerzo de personal y recursos.
