El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado sábado 31 de octubre y llevó al BOE el Real Decreto 923/2026, por el que se regulan subvenciones directas por un total de casi 700.000 euros (exactamente 690.000) a diez asociaciones y entidades para proyectos dirigidos a la población joven. El objetivo oficial es «reforzar su adhesión a los valores democráticos, la confianza en las instituciones públicas, frenar la polarización, combatir la desinformación y promover su participación como sujetos activos de la sociedad».
La norma, firmada el 28 de octubre —el mismo día en que se produjo el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó al menos 69 muertos y más de 200 heridos—, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el sábado 31 de octubre, tres días después de la tragedia. Mientras el país todavía asimilaba el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el Ejecutivo materializaba estas ayudas nominativas.
Entre las entidades beneficiarias figura la «Asociación Mujeres Migrantes«, que recibirá 40.000 euros para el proyecto «Tomar la Palabra», orientado a jóvenes y descendientes de inmigrantes residentes en Madrid. Otra de las asociaciones incluidas es Ideas en Guerra, que percibirá también 40.000 euros para un proyecto de «diálogos intergeneracionales» y reimaginación democrática. Esta última organización ha manifestado públicamente su apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre, la primera de este carácter en 14 años, impulsada principalmente por CCOO, UGT y los sindicatos de inquilinas en torno a la crisis de la vivienda y el coste de la vida.
El resto de las ayudas se reparte entre Concomitentes (90.000 euros), EPA!-Jóvenes Rurales (90.000), Ruta al Exilio (120.000), Cultura, Educación e Innovación Social (70.000), ZEMOS98 (80.000), Asociación Cultural Desarrollo y Arte (40.000), CREUP (80.000) y Hazlo Accesible (40.000). Según el propio real decreto, los proyectos van dirigidos a personas de entre 10 y 35 años y combinan actividades culturales, de memoria democrática, participación y lucha contra la desinformación.
La concesión se produce en un momento de alta tensión política, con elecciones generales anticipadas convocadas para el 29 de noviembre y con la huelga general del 11-N como telón de fondo de las movilizaciones por la vivienda que se iniciaron tras el caso de Maricarmen Abascal. Mientras el Ministerio de Transportes y la AITAT investigan las causas del siniestro de Urda —que se produjo tras un fallo del sistema de seguridad LZB—, el Gobierno destinó casi 700.000 euros a estas entidades en un real decreto de concesión directa, sin concurso público.
